Este compuesto, 50 veces más potente que la morfina, representa un riesgo grave tanto para la salud pública como para los operadores expuestos a su toxicidad.
México ha fortalecido su marco legal y operativo para controlar esta sustancia. Entre las medidas, se incluyen reformas recientes a la Ley de Precursores Químicos, la creación de plataformas como el Sistema Integral de Sustancias (SISUS) para rastrear su manejo, y la implementación de operativos conjuntos entre COFEPRIS y la Secretaría de Marina. Estas acciones han resultado en la suspensión de establecimientos irregulares y en sanciones económicas por más de 1,600 millones de pesos.
Además, se subrayó la colaboración internacional y la investigación continua para mejorar la trazabilidad y el control del fentanilo, así como la capacitación en laboratorios certificados. Sin embargo, las autoridades advierten que los riesgos asociados con su manipulación requieren estrictos estándares de seguridad que no pueden ser replicados en instalaciones improvisadas o clandestinas.
La lucha contra el fentanilo plantea retos técnicos, éticos y sociales que invitan a reflexionar sobre la responsabilidad compartida entre gobierno, industria y sociedad. ¿Será suficiente el actual marco regulatorio para contener esta crisis de salud pública, o es necesario redoblar esfuerzos en educación, prevención y cooperación internacional?