Récord en remesas: 65 mil millones de dólares y el futuro incierto para migrantes mexicanos
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Leonora LagardaEl impacto de la próxima presidencia estadounidense en la vida de millones de mexicanos residentes en ese país es una preocupación latente. Ante este escenario, cuatro senadoras del Partido del Trabajo (PT): Geovanna Bañuelos, Ana Karen Hernández, Liz Sánchez y Yeidckol Polevnsky, han tomado la iniciativa.
Su propuesta, plasmada en un punto de acuerdo que se presentará próximamente a la Comisión Permanente, solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) intensificar el diálogo con Estados Unidos. El objetivo: fortalecer la protección de los derechos humanos de los migrantes mexicanos ante posibles medidas restrictivas o xenófobas.
Las legisladoras del PT enfatizan la importancia de “reforzar las medidas de protección, asesoría, representación y acompañamiento de la red consular en Estados Unidos” para los migrantes mexicanos. Esto incluye mantener un canal abierto de comunicación con las comunidades mexicanas en el país vecino, informándolas sobre sus derechos y los servicios disponibles, como el acceso a despachos de abogados contratados por el gobierno mexicano.
El punto de acuerdo también destaca el compromiso del gobierno mexicano, bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum Pardo, con la protección de los mexicanos en el extranjero. Se menciona el “Programa Apoyo para las y los mexicanos en Estados Unidos”, que abarca iniciativas como el fortalecimiento de los 53 consulados, la creación de un Centro de Información y Asistencia, la aplicación “Botón de Alerta”, y una ventanilla única para trámites consulares.
Se reconoce la complejidad de la migración y la necesidad de equilibrar la seguridad nacional con el respeto a los derechos humanos. Según datos del Migration Policy Institute, se estima que de los 12 millones de migrantes indocumentados en Estados Unidos, más de 5 millones son mexicanos. Esta realidad subraya la urgencia de las medidas propuestas.
Finalmente, la iniciativa solicita la colaboración de los gobiernos de los estados fronterizos –Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas– para coordinar esfuerzos en la protección de los derechos de los migrantes mexicanos que sean deportados a territorio nacional, garantizando su dignidad e integridad.
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