El estado de Guerrero, golpeado por recientes desastres naturales y una larga historia de desafíos, se encuentra ante anuncios de inversión masiva en infraestructura.
La mandataria Claudia Sheinbaum Pardo, en conferencia de prensa el 17 de enero de 2025, anunció un plan ambicioso. Se trata de miles de millones de pesos destinados a la reconstrucción tras el paso de los huracanes Otis y John. Las cifras son impresionantes: más de 35 mil millones para Otis, 6 mil 664 millones para John, y nuevos miles de millones más para obras viales y de saneamiento a lo largo del año 2025.
Pero la magnitud de los números genera preguntas. ¿Qué tan efectivo será el manejo de estos fondos? La historia de proyectos de reconstrucción en México está llena de ejemplos de ineficiencias y falta de transparencia. La experiencia pasada no siempre ha sido positiva, dejando un rastro de proyectos inconclusos y un sabor amargo a promesas incumplidas. La preocupación radica en asegurar que este dinero llegue efectivamente a la población afectada, evitando que se pierda en la burocracia o en proyectos poco eficientes.
Otro proyecto clave es el Centro Integralmente Planeado Acapulco-Coyuca (CIP), con una inversión inicial de 800 millones de pesos, a cargo de Fonatur. Si bien la idea promete una planificación urbana moderna, las experiencias pasadas con Fonatur en otros destinos turísticos, como Cancún, suscitan dudas. Aunque económicamente exitosos, algunos de estos proyectos han presentado problemas ambientales y sociales, recordando la importancia de una planificación que priorice la sostenibilidad y la participación comunitaria.
El plan también incluye un componente de seguridad, prometiendo una reducción significativa de la delincuencia en Acapulco. Aunque se presentaron datos de una disminución de homicidios y otros delitos de alto impacto entre septiembre y diciembre de 2024, la sostenibilidad de estos resultados requiere un análisis más profundo y una observación a largo plazo. La complejidad de la problemática de la seguridad en Guerrero exige un enfoque que vaya más allá de soluciones inmediatas, atacando las causas profundas de la violencia.
Finalmente, la promesa de devolver las playas a la gente, de revertir la privatización de zonas costeras en Acapulco, es quizás la más esperanzadora. La afirmación de que “las playas son del pueblo”, sin embargo, choca con la realidad de accesos restringidos a la población. La rehabilitación de nueve accesos públicos en 2025, aunque positiva, parece insuficiente para enfrentar la magnitud del problema. La presión de intereses privados genera dudas sobre la efectividad de esta promesa.
En resumen, la situación presenta un panorama complejo. Ambiciosos proyectos de infraestructura se contraponen a la necesidad de transparencia, eficiencia y participación ciudadana. El futuro de Guerrero dependerá de la capacidad para transformar estas promesas en una realidad tangible y sostenible.