La conferencia matutina del 17 de enero, liderada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, presentó datos que, a simple vista, resultan alentadores. Una disminución significativa en los índices delictivos, particularmente en Acapulco, a menos de cuatro meses de su gestión y tras el paso de los huracanes Otis y John. La cifra que más resonó: una reducción del 50.1% en homicidios dolosos entre septiembre y diciembre de 2024.
El gobierno federal, en coordinación con las autoridades estatales y municipales, ha destacado el despliegue de fuerzas federales, la “captura de individuos clave, como David Roberto N., presunto líder de una célula criminal”, y el decomiso de armamento y drogas como parte de una estrategia integral.
Sin embargo, la falta de datos comparativos con periodos anteriores a la actual administración genera un velo de escepticismo. La propia presentación gubernamental admite un incremento en los homicidios durante octubre, justo tras el inicio de la nueva administración. Esta contradicción, junto con la ausencia de una metodología de análisis detallada, plantea interrogantes sobre la transparencia de la información.
Más allá de las estadísticas, se echa en falta un análisis profundo de las causas estructurales de la violencia. Si bien se menciona la “Estrategia Nacional por la Paz”, la cual integra programas sociales, se requiere mayor información sobre su impacto a largo plazo. ¿Está el gobierno realmente atendiendo las raíces del problema o se limita a tratar los síntomas?
Para una evaluación objetiva, una comparación con las estrategias de seguridad implementadas en administraciones anteriores resulta crucial. ¿Qué innovaciones se han incorporado? ¿Existe un cambio sustancial en el enfoque? La ausencia de este análisis comparativo dificulta una valoración integral de la eficacia de la estrategia actual.
La brecha entre los datos oficiales y la percepción de la población local sigue siendo evidente. Mientras el gobierno celebra la disminución de los índices delictivos, la inquietud por la persistencia del crimen organizado persiste. La promesa de un Acapulco seguro, por ahora, sigue siendo un objetivo en construcción.