El impacto de la violencia reciente se siente en cada rincón, silenciosamente, pero con una fuerza que es difícil ignorar. Las consecuencias económicas se manifiestan de diversas maneras, afectando la vida de familias enteras.
La Asociación de Artesanos y Comerciantes de Culiacán, parte del Frente Primero Culiacán, ha alzado la voz. Su líder, José Hernández, relata una situación crítica. Desde el 9 de septiembre de 2024, fecha que marcó un escalón más en la ola de violencia, hasta mediados de enero, se han registrado 850 cierres de negocios en la zona urbana. Una cifra que habla por sí sola.
“Ojalá y la autoridad correspondiente haga su trabajo y tome las cosas más en serio y ya no minimice el problema. Que sí le den la atención que corresponde. Así lo vemos. Dice el gobernador que no pasa nada, que Culiacán tranquilo. ¿Qué más quieren?”, expresa Hernández, reflejando la frustración de un sector golpeado por la inseguridad. Esta declaración contrasta con la narrativa oficial.
El gobierno estatal ha intentado mitigar el daño económico con apoyos directos y créditos. Sin embargo, Hernández afirma: “Reconocemos el apoyo que el gobernador Rubén Rocha Moya ha dado al comercio, que no ha sido suficiente. Al comienzo de esta narcopandemia se implementó un programa de apoyos económicos, pero eso no solucionó el problema.” Las medidas, hasta el momento, no han logrado frenar el cierre masivo de negocios.
La solicitud de la asociación va más allá de la ayuda económica. Se exige una estrategia integral que incluya:
- La creación de mesas de trabajo para la reactivación económica, con la participación activa de comerciantes, el gobierno estatal y el municipal.
- Un apoyo sostenido a las familias afectadas hasta que se restablezcan las ventas.
El silencio de las calles de Culiacán esconde una realidad compleja, donde la incertidumbre económica se entrelaza con la inseguridad, generando un escenario desafiante para el futuro cercano. La recuperación, al parecer, requerirá más que simples soluciones financieras.