Por mayoría de votos, los ministros declararon inconstitucionales los artículos 143 a 146 del Código Penal chihuahuense, que criminalizaba la interrupción voluntaria del embarazo. Esta resolución tiene efectos retroactivos, lo que beneficiará a quienes hayan sido investigadas, procesadas o condenadas por este delito.
La Primera Sala de la SCJN había determinado previamente que estas disposiciones violaban los derechos a la igualdad, la no discriminación y la salud, al obligar a las mujeres a la maternidad en contra de su voluntad. Además, señalaron que podían conducir a abortos inseguros, poniendo en riesgo la vida y la salud de las personas gestantes.
La declaratoria de inconstitucionalidad emitida por el Pleno del Alto Tribunal es un paso significativo hacia la despenalización del aborto en México. Decenas de miles de mujeres en todo el país han sido procesadas por interrumpir sus embarazos, enfrentando largas penas de prisión. Esta decisión envía un mensaje esperanzador a las activistas por los derechos reproductivos, que han luchado durante años por garantizar el acceso al aborto legal y seguro. No obstante, aún queda mucho trabajo por hacer, ya que el aborto sigue estando penalizado en la mayoría de los estados mexicanos.