En una reciente conferencia de prensa, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó el informe de seguridad del cuarto mes de su administración. Un punto que llamó la atención fue el reconocimiento de la presencia del Tren de Aragua, una organización criminal venezolana, en la capital. Según la mandataria, esta agrupación estaría implicada en trata de personas con fines de explotación sexual, principalmente en el Centro Histórico.
Brugada Molina detalló que se han implementado operativos de vigilancia en zonas estratégicas del Centro, con un enfoque diferenciado: “Vamos a estar atendiendo a personas en situación de calle y a dar un trato a las personas con trabajo sexual,” explicó, diferenciando estas acciones de las destinadas al combate directo a la delincuencia organizada. Se busca, según sus palabras, transformar las calles, mejorar la iluminación y aplicar políticas públicas para estos sectores vulnerables.
Por su parte, la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Bertha María Alcalde Luján, recordó la detención de Nubia “N”, una importante operadora del Tren de Aragua, el pasado 30 de enero. Su aprehensión, en colaboración con la Comisión Nacional Antisecuestro (CONASE), culminó con su vinculación a proceso por trata de personas con fines de explotación sexual agravada.
La presencia del Tren de Aragua en la CDMX se evidenció a mediados de 2024, con el hallazgo de los cuerpos de dos jóvenes venezolanas, Stephanie “N” y Susej “N”, en la alcaldía Tlalpan. Una investigación periodística las vincula con las rutas del grupo criminal, dejando al descubierto la gravedad de la situación.
Otras detenciones relacionadas con el Tren de Aragua se han registrado en los meses posteriores, incluyendo a Omarys Alexandra “N” y Jesús “N” (vinculados a proceso por narcomenudeo y cohecho), y Euclides Manuel “N”, alias ‘Morgan’ o ‘Kilin Morran’, presunto líder de una célula involucrada en el doble feminicidio.
La situación, compleja y en evolución, muestra los retos que enfrenta la Ciudad de México en la lucha contra el crimen organizado y la protección de grupos vulnerables. Las autoridades continúan con las investigaciones y operativos, buscando desarticular las redes criminales y ofrecer apoyo a las víctimas.