El 6 de febrero de 2025, la mandataria Claudia Sheinbaum anunció el proyecto Kutsari, renombrado como Centro Nacional de Diseño de Semiconductores. Este programa, con raíces en la administración anterior, pretende impulsar la capacidad de México en el diseño, y eventualmente, la fabricación de chips. Se destacó la participación de instituciones como el INAOE y el CIMESTAP, con más de 40 años de experiencia en el campo, como pilares fundamentales del proyecto.
El enfoque inicial se centra en las tecnologías tradicionales (legacy), con el objetivo de reducir las importaciones y generar empleos altamente especializados. La presentación oficial estuvo llena de optimismo, resaltando el potencial económico y la capacidad científica del país. Sin embargo, la euforia inicial choca con interrogantes importantes que aún no encuentran respuesta.
La fabricación de chips requiere inversiones colosales en infraestructura y tecnología, un aspecto que, según algunos analistas, se minimizó en la presentación. La promesa de una fábrica nacional a mediano plazo suena atractiva, pero la falta de detalles sobre financiamiento, el modelo de gestión (público, privado o mixto) y la viabilidad comercial a largo plazo en un mercado global tan competitivo, genera dudas.
Otro punto delicado es la reforma a la Ley de Registro de Patentes. Si bien se busca agilizar el proceso y proteger la innovación nacional, la efectividad de estas medidas es cuestionable. “La falta de cultura de patentamiento en México, aunada a la competencia con países como China, representa un gran obstáculo”, señala un experto en propiedad intelectual.
La colaboración con entidades públicas en estados como Puebla y Jalisco, plantea la interrogante sobre la distribución equitativa de recursos y beneficios a nivel nacional. La mención de Sonora en relación al proyecto, aunque prometedora, carece de información detallada.
El proyecto Kutsari representa una apuesta audaz por la soberanía tecnológica mexicana. La ausencia de una estrategia exhaustiva para sortear los desafíos económicos, tecnológicos y legales, genera incertidumbre sobre su futuro. La transparencia en el manejo de los recursos y la posible dependencia de la inversión privada son aspectos que requieren mayor claridad.