Histórica operación México-EE.UU.: 29 extradiciones contra el crimen organizado
... 
Nicol Matuz ScottLa conferencia de prensa, inusualmente extensa, prometía revelaciones impactantes. Los altos mandos de seguridad del país estaban presentes: el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Licenciado Omar García Harfuch, flanqueado por representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, además del Doctor Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República.
El anuncio, cuando finalmente llegó, resonó como un golpe de efecto. Se había llevado a cabo una operación sin precedentes, una coordinación estratégica con Estados Unidos que culminó con el traslado de 29 individuos considerados generadores de violencia. Estos individuos, algunos perseguidos por la justicia estadounidense desde hace 40 años, se encontraban recluidos en diferentes centros penitenciarios federales y locales del país. Se les imputaban delitos graves como "delincuencia organizada, trasiego de fentanilo, lavado de dinero, homicidio y tráfico de armas," entre otros.
La magnitud de la operación llamó la atención: 3,512 elementos de diversas fuerzas de seguridad, 342 vehículos y 20 aeronaves participaron en el traslado de estos individuos a diferentes ciudades de Estados Unidos: Washington, Nueva York, Chicago, Houston, McKinney, Texas, Phoenix y San Antonio. El operativo, ejecutado con precisión y sin incidentes, se realizó desde instalaciones militares en Santa Lucía, Estado de México.
La preocupación por una posible liberación de los implicados o la manipulación de sus procesos de extradición por parte de algunos jueces, según se mencionó en la conferencia, motivó la estrategia de traslado inmediato. "El Gabinete de Seguridad cuenta con información que existía un riesgo de que algunos de estos objetivos solicitados por el Gobierno de Estados Unidos fueran liberados o siguieran atrasándose sus procesos de extradición," explicó Omar García Harfuch. Esta acción, sin precedentes, se justificó como un acto de autoridad, un paso contundente en la lucha contra la impunidad.
La información recabada por las autoridades mexicanas incluía datos sobre jueces potencialmente dispuestos a favorecer a los involucrados. Se habló de una posible lista con los nombres de estos jueces, la cual podría ser proporcionada posteriormente. La conferencia abordó también las preguntas sobre los procedimientos legales, la Ley de Seguridad Nacional, el artículo 5 y el 89 de la Constitución, y la ausencia de extradición formal. Se enfatizó que la decisión fue colegiada y no emanó directamente de la presidencia.
La posibilidad de que algunos de los extraditados enfrenten la pena de muerte en Estados Unidos, según información del Departamento de Estado, fue un punto clave en las preguntas y respuestas. Las autoridades mexicanas aclararon que, si bien no existe la pena de muerte en México, las leyes internacionales y los convenios aplicables serían el marco para proteger los derechos de los individuos extraditados. La conferencia concluyó con la reiteración del compromiso del gobierno mexicano en la lucha contra el crimen organizado y la colaboración con Estados Unidos.
Más Noticias
