SCJN confirma condena a Guillermo Padrés, ex gobernador de Sonora, por 200 millones de pesos

En el centro de la controversia se encuentra Guillermo Padrés Elías, ex gobernador del estado de Sonora por el Partido Acción Nacional (PAN), cuyo periodo de gobierno abarcó del 2009 al 2015. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha confirmado una sentencia en su contra, obligándolo a pagar 200 millones de pesos por evasión fiscal.

La investigación, que se inició en 2014, reveló discrepancias significativas entre las declaraciones de impuestos de Padrés y sus ingresos reales. Las autoridades señalan que en su declaración de 2015, el ex gobernador reportó ingresos por 3 millones 282 mil pesos, mientras que la cifra real se estima en alrededor de 137 millones 611 mil pesos. Esta diferencia llevó a una deuda fiscal inicial de 47 millones de pesos, que con recargos y multas ascendió a la considerable suma de 200 millones de pesos.

La SCJN desestimó un amparo presentado por Padrés, “se desecha por improcedente el presente recurso de revisión en virtud de que no se cumplen los requisitos que establecen los artículos 107, fracción novena, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 81, fracción segunda, de la Ley de Amparo vigente”, señaló la Corte en su resolución.

Pero la situación para el ex gobernador es aún más compleja. Además de la condena por evasión de impuestos, Padrés enfrenta un juicio por defraudación fiscal por un monto de 70 millones 415 mil pesos. La Fiscalía General de la República (FGR) ha logrado que se rechace la exclusión de las pruebas presentadas en su contra, por lo que el proceso judicial continuará, retomando el caso abierto desde 2019. Un informe de la Fiscalía enfatiza que: “si bien a los implicados dentro de un procedimiento penal les asiste el derecho de exigir la nulidad de las pruebas que consideren ilícitas, ello no significa que ese derecho lo puedan hacer efectivo en cualquier momento procesal y por cualquier vía”.

El caso de Guillermo Padrés ha estado marcado por una serie de eventos:

• Declaraciones de persecución política en 2014.
• Entrega a la justicia en 2016 y posterior declaración de inocencia.
• Auto de formal libertad en 2018 tras protestas y huelgas de hambre en prisión.
• Libertad bajo fianza de 100 millones de pesos en 2019.

Ahora, con la reciente decisión de la SCJN, el futuro judicial del ex gobernador de Sonora permanece incierto, mientras la FGR continúa con la investigación del caso de fraude fiscal abierto desde hace varios años.

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