Nueva Ley de Telecomunicaciones de Sheinbaum desata fuerte debate público
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Nicol Matuz ScottEl centro de la atención es la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta iniciativa, aprobada inicialmente en comisiones del Senado de México, ha generado un intenso debate público, con diversas voces expresando sus preocupaciones.
La controversia se intensificó luego de la transmisión de un anuncio del gobierno de Estados Unidos considerado por la presidenta Sheinbaum como "discriminatorio", lo que reforzó la necesidad, según su perspectiva, de regular la transmisión de propaganda extranjera en México. El proyecto de ley busca, según sus impulsores, evitar la manipulación política a través de medios de comunicación.
Sin embargo, las críticas han sido contundentes. Se teme que la ley pueda afectar la libertad de expresión y la neutralidad de la red. Ante la creciente presión, la Cámara de Senadores ha anunciado un cambio significativo en su estrategia.
Este viernes, la Junta de Coordinación Política (Jucopo), presidida por el senador Adán Augusto López Hernández, declaró que se abrirá un diálogo abierto a partir del próximo lunes 28 de abril. Este diálogo incluirá a diversos actores interesados, con la intención de enriquecer el debate legislativo y abordar las inquietudes planteadas.
Para facilitar este proceso, se ha solicitado la retirada del dictamen de la orden del día del 28 de abril, postergando la votación del pleno. La intención es dedicar el tiempo necesario a una deliberación pública y técnica antes de la aprobación final. La participación del Secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, en el Senado, promete añadir una nueva dimensión a las conversaciones.
La presidenta Sheinbaum, ante las controversias suscitadas, ha aclarado públicamente que "nunca ha sido el objetivo de la nueva Ley de Telecomunicaciones la censura en plataformas digitales". Incluso, ha propuesto la posibilidad de trasladar el debate a un periodo extraordinario de sesiones en mayo o junio, indicando flexibilidad ante las críticas recibidas.
La decisión de aplazar la votación y abrir un espacio de diálogo representa un giro notable en el proceso legislativo. El futuro de esta ley, por tanto, se mantiene abierto a la discusión y al análisis de sus posibles consecuencias.
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