Crisis de desapariciones en México: 5,147 casos en 4 meses
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Nicol Matuz ScottLos datos oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) revelan una cruda verdad: entre enero y abril de 2025, se registraron 5,147 desapariciones, un promedio escalofriante de 42 casos diarios. Esto representa un incremento del 26% en comparación con el mismo periodo de 2024. El impacto es devastador.
El Estado de México lidera la lista con 801 desapariciones, seguido de la Ciudad de México con 697. Puebla (481), Sinaloa (338) y Michoacán (334) completan los cinco estados con mayor número de casos. El perfil de las víctimas muestra una preocupante tendencia: el 70.45% son hombres y el 29.49% mujeres. Marzo resultó ser el mes más crítico del cuatrimestre, con 1,456 reportes.
La vulnerabilidad de los jóvenes es particularmente alarmante. Las personas de entre 15 y 29 años son el grupo más afectado. Se reportan 945 desapariciones en el rango de 15 a 19 años, 644 entre 20 y 24, y 638 entre 25 y 29. La nacionalidad de las víctimas también es diversa; se incluyen casos de ciudadanos de Estados Unidos, Colombia, Venezuela, y otros países.
La organización Causa en Común ha emitido una alerta sobre la gravedad de la situación. En once entidades, incluyendo la Ciudad de México y el Estado de México, se registraron más desapariciones que homicidios durante el primer trimestre del año. "Ante la evidente, sistemática y generalizada práctica de desapariciones forzadas en el país, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU llamó a comparecer al Estado mexicano," recuerda la organización. La respuesta gubernamental, según Causa en Común, ha sido insuficiente.
En siete meses del gobierno de Claudia Sheinbaum, se acumulan al menos 8,551 personas desaparecidas y el hallazgo de al menos 155 fosas clandestinas, según informes de Causa en Común. La falta de soluciones efectivas, la militarización y la falta de fortalecimiento de instituciones clave como las policías y fiscalías, son algunos de los puntos críticos señalados por la organización.
La situación exige una respuesta integral que involucre la revisión de políticas y estrategias de seguridad, una mayor inversión en la investigación y en la búsqueda de personas desaparecidas, y la colaboración entre instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil para abordar esta grave problemática.
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