Sheinbaum defiende la prisión preventiva oficiosa ante inseguridad

En el centro de la controversia se encuentra la prisión preventiva oficiosa, una herramienta legal que ha generado fuertes reacciones a nivel nacional. Recientemente, la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Margarita Ríos Farjat, presentó un proyecto de resolución que busca modificar su aplicación.

Este proyecto, que será discutido el 5 de agosto en el pleno de la SCJN, propone matizar la aplicación automática de la prisión preventiva oficiosa. "Su aplicación no debe ser automática," señala la Ministra Ríos Farjat, sugiriendo la celebración de una audiencia para analizar cada caso individualmente. Esto busca eliminar el "cariz automático" y establecer lineamientos basados en principios de excepcionalidad.

La propuesta de la Ministra ha generado diversas reacciones. La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha salido públicamente a defender la prisión preventiva oficiosa, argumentando que es una herramienta esencial en el contexto actual de inseguridad. Sheinbaum Pardo justificó su postura indicando que “frente a la situación de inseguridad que vive el país, es importante, incluso para la protección de los jueces, que haya delitos donde no quede al criterio del juez la prisión preventiva, sino que haya una orientación legal previa”.

Sheinbaum enfatizó que la medida, establecida en el artículo 19 constitucional desde 2019, no es automática y depende de una valoración judicial basada en las pruebas presentadas. Criticó a la oposición por oponerse sin ofrecer alternativas.

La reforma al artículo 19, aprobada con 355 votos a favor y 108 en contra en el Senado, amplía el catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa, incluyendo:

• Extorsión
• Producción de fentanilo
• Feminicidio
• Abuso sexual contra menores
• Corrupción
• Robo de hidrocarburos
• Desaparición forzada
• Uso de programas sociales con fines electorales

Mientras tanto, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha expresado su preocupación por la expansión del catálogo de delitos que podrían llevar a prisión preventiva oficiosa, subrayando la importancia de garantizar los derechos humanos en el proceso.

La discusión continúa, dejando en el aire la complejidad de equilibrar la seguridad pública con las garantías individuales en México.

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