Experto advierte riesgos en nueva CURP biométrica para derechos humanos

"Cuando el Estado recopila datos sensibles sin garantías robustas, no está modernizando, está construyendo un arma de doble filo", advierte el especialista en derecho. Los detalles que revela son preocupantes: el sistema capturará huellas dactilares, patrones del iris, reconocimiento facial y firmas electrónicas, todo centralizado en bases de datos gubernamentales.

Lo que más alarma a los defensores de derechos humanos es el historial reciente:

• En 2022, el caso "Guacamaya" expuso la vulnerabilidad de instituciones clave como la Secretaría de la Defensa Nacional
• Filtraciones masivas de datos personales en plataformas estatales
• Ausencia de una ley específica que regule el uso de biométricos

Fierro Hernández no solo señala el problema, sino que detalla cómo esta iniciativa podría convertirse en herramienta de vigilancia masiva: "Sin contrapesos democráticos ni supervisión autónoma, cualquier gobierno futuro tendría acceso a un sistema de control social sin precedentes". El experto recuerda que actualmente no existen mecanismos claros para:

• Reparar daños por filtraciones
• Limitar usos secundarios de los datos
• Garantizar la eliminación segura de información

El timing no podría ser más delicado. Mientras la administración de Claudia Sheinbaum impulsa esta medida como parte de su agenda digital, el GIDH revela que el proyecto avanza sin los candados necesarios. "No se trata de oponerse al progreso tecnológico, sino de asegurar que venga acompañado de protecciones reales", insiste el jurista.

Entre los datos que generan mayor preocupación está el hecho de que México ocupa el lugar 58 de 60 en el Índice Global de Ciberseguridad, según el último reporte de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Un contexto que, según los expertos, hace aún más riesgosa la recolección masiva de información biométrica.

La advertencia del GIDH llega en un momento clave, justo cuando comienzan las primeras pruebas piloto del nuevo sistema. Fierro Hernández hace un llamado urgente: "Antes de entregar sus datos biométricos, los ciudadanos deben preguntarse: ¿quién más podría acceder a esta información? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Con qué fines?". Preguntas que, por ahora, carecen de respuestas claras.

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