WASHINGTON
El reo Ernest Gonzáles fue sentenciado a muerte en 1992 pero su ejecución fue puesta bajo apelación
Tom Horne, quien funge como el fiscal estatal, litigará un caso ante la suprema corte federal, el 9 de octubre, pues él representará los intereses del gobierno estatal de Arizona sobre un caso relacionado con el otorgamiento de una pena de muerte.
El caso se trata de Ernest Gonzáles de 48 años de edad, quien fue sentenciado a condena de muerte en 1992 por el asesinato de su víctima mientras que él intentaba robar la vivienda de esta.
Mientras que González esperaba su ejecución en el corredor de la muerte de una instalación correccional estatal, él fue declarado insensato, lo cual lo dejó incapaz de interactuar con su equipo de abogacía defensor durante la fase de apelación de su caso (casos que resultan en condena de muerte automáticamente se entregan a un tribunal de apelación).
Por esta razón, la condena de muerte, la cual fue otorgada a Gonzáles, fue aplazada por un plazo de tiempo indefinido por el tribunal de apelación, pues el martes el fiscal Horne argumentará ante la suprema corte federal que el aplazamiento de la ejecución de Gonzáles debería caducar.
Siquiatras quienes han analizado a Ernest Gonzáles, lo han diagnosticado como sicótico pero él nunca ha sido declarado como incapacitado por su enfermedad mental.
El sistema correccional del estado de Arizona ha ejecutado a 5 reclusos durante 2012, pues según administradores correccionales, en 1999 se registraron 7 ejecuciones, lo cual hasta la fecha se reconoce como la cantidad más alta de ejecuciones en la historia del estado.