Gobernadora aprueba ley prohibiendo la destrucción de armas de fuego

La gobernadora Jan Brewer ha aprobado un proyecto de ley (conocido como SB 2455), el cual prohíbe la destrucción de armas de fuego por parte de gobiernos municipales después que dichas armas sean voluntariamente entregadas a las autoridades, pues la nueva ley también exige que al ser entregadas a las autoridades locales o municipales, las armas de fuego se venderán a distribuidores autorizados y las ganancias realizadas de estas ventas sean regresadas al Tesoro público.  La legislación afectará los esfuerzos del gobierno municipal de Tucson, los cuales intentan eliminar o controlar la circulación de armas por medio de un programa gubernamental ofreciendo indemnizar a residentes quienes entregan sus armas de fuego a las autoridades.  Las armas acumuladas bajo esta política después han sido destruidas, pues al aplicar la ley recientemente aprobada por la gobernadora, la destrucción de armas será ilegal.

Legisladores quienes aprobaron la ley señalaron que específicamente buscaban impedir los intentos de las autoridades de Tucson de eliminar o disminuir la cantidad de armas de fuego circulando por la región por medio de la destrucción de estas (después de indemnizar a los dueños).   Andy Biggs, quien funge como presidente del senado estatal, avisó que la ley no impide los dueños de armas de destruirlas, pues solamente prohíbe la destrucción por parte de agencias gubernamentales.  Brenda Barton, congresista estatal republicana, quien representa el distrito legislativo del municipio de Payson, también agregó una cláusula al proyecto de ley, la cual especificamente identifica armas entregadas a las autoridades locales como activos elegibles para ser vendidas, aplicando las ganancias al Tesoro municipal.  También los proponentes de la legislación puntualizan que la venta de armas a distribuidores autorizados asegura que al ser revendidas al público, compradores potenciales tendrán que someterse a una revisión de antecedentes.

La gobernadora, un firme partidario de la segunda enmienda y los derechos de portar armas, consistentemente aprueba leyes apoyando los aficionados de armas.  Sin embargo, otros funcionarios públicos han señalado inconformidad con la prohibición de la destrucción de armas por parte de agencias gubernamentales.  Mary Rose Wilcox, quien funge como concejal del condado Maricopa (county supervisor en inglés), en una carta enviada a la gobernadora, expresó su disconformidad sobre la cuestión de la destrucción de armas por parte de agencias gubernamentales.  “Los partidarios de SB 2455 argumentan que recursos gubernamentales no deberían ser utilizados para facilitar la destrucción de armas pero yo argumento que el propósito de un funcionario público local debería ser el uso eficiente del presupuesto, intentando reconocer las necesidades del  contribuyente.  La compra de armas por parte de agencias gubernamentales locales no viola la segunda enmienda y no afecta a los residentes quienes deciden no participar.  La compra de armas simplemente provee una opción a los ciudadanos quienes piensan que la comunidad podrá mejorar al disminuir la cantidad de armas circulando por las calles”, señaló Wilcox.

---