Suprema corte estatal aprueba penalizaciones de ex abogado de la fiscalía del condado Maricopa
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El diario de Sonora
el 04/05/2013 12:00 AM, Sección Nogales
Última edición 30/04/2024 02:41 PM.
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La suprema corte estatal, el 2 de mayo, aprobó penalizaciones, las cuales fueron otorgadas por el colegio estatal de abogados, intentando sancionar a un abogado quien ejercía para la fiscalía del condado Maricopa. Se trata de Rachel Alexander, quien fue acusada de conducta dolosa por su implicación en varios casos, los cuales fueron entablados en 2009, acusando múltiples funcionarios públicos y jueces del tribunal superior del condado Maricopa, intentando hacer cumplir varias leyes relacionadas con el control de la delincuencia organizada. Originalmente, después de procedimientos disciplinarios, los cuales se llevaron a cabo por el colegio estatal de abogados, Alexander fue suspendida por seis meses más un día, pues según ley estatal, suspensiones del colegio de abogados por un plazo de más seis meses exigen que el abogado sancionado sufra los procedimientos de solicitar de nuevo la licencia para ejercer la abogacía.
Después de recibir las penalizaciones, Alexander apeló su caso a la suprema corte estatal, y este cuerpo judicial, aunque aprobó el castigo otorgado a Alexander, también decidió reducir el plazo de suspensión a solamente seis meses, lo cual eliminará la necesidad de Alexander someterse a los procedimientos de solicitar para su admisión al colegio de abogados. Al presentar su opinión judicial, el tribunal superior estatal indicó que aunque Alexander se implicó en las acusaciones contra los funcionarios públicos y jueces, ella no exhibió un patrón de mala conducta, y tampoco actuó con malicia o deshonestidad, ni violó reglamentos de conducta, lo cual resultó en el rechazo de las conclusiones originales del tribunal disciplinario y la reducción del plazo de suspensión.
El colegio estatal de abogados decidió iniciar una indagación sobre las acciones de la fiscalía del condado Maricopa, específicamente Andrew Thomas, quien fungía como fiscal del condado, Lisa Abuchon, quien fungía como abogado principal de la fiscalía del condado Maricopa, y Rachel Alexander, después que estos llevaron a cabo las detenciones de dos funcionarios públicos y dos jueces. Según un fallo judicial, el cual fue otorgado por el presidente de la suprema corte estatal, existía suficiente evidencia para llevar a cabo dicha investigación intentando determinar si el fiscal y sus dos subalternos violaron principios de ética o reglamentos del ejercicio de la abogacía. Después de la conclusión de la investigación, el colegio estatal de abogados entabló 30 cargos relacionados con violaciones de ética y abuso del poder judicial contra Thomas, 28 cargos contra Abuchon, y 7 cargos contra Alexander. El tribunal disciplinario del colegio estatal de abogados inició un juicio el 2 de septiembre, 2011 y este terminó el 2 de noviembre. El 10 de abril, 2012 el tribunal otorgó sus decisiones sobre los tres abogados: Andrew Thomas y Lisa Aubuchon fueron expulsados del colegio de abogados, lo cual representa la penalización más severa, pues las expulsiones impiden que ambos ejercen como abogados, mientras que Alexander recibió la suspensión por un plazo de seis meses más un día. Abuchon también ha apelado la decisión y la suprema corte estatal emitirá una decisión judicial sobre la apelación.
Andrew Thomas, quien rehusó apelar su penalización, recientemente señaló que él se presentará como candidato para el cargo de gobernador. Se estima que, hasta la fecha, el costo total de las acciones de Andrew Thomas y la fiscalía del condado Maricopa ha alcanzado una suma de $5 millones de indemnizaciones, las cuales han sido otorgadas a las múltiples partes dañadas por las acciones de la fiscalía y $3 millones en honorarios y gastos legales.
Después de recibir las penalizaciones, Alexander apeló su caso a la suprema corte estatal, y este cuerpo judicial, aunque aprobó el castigo otorgado a Alexander, también decidió reducir el plazo de suspensión a solamente seis meses, lo cual eliminará la necesidad de Alexander someterse a los procedimientos de solicitar para su admisión al colegio de abogados. Al presentar su opinión judicial, el tribunal superior estatal indicó que aunque Alexander se implicó en las acusaciones contra los funcionarios públicos y jueces, ella no exhibió un patrón de mala conducta, y tampoco actuó con malicia o deshonestidad, ni violó reglamentos de conducta, lo cual resultó en el rechazo de las conclusiones originales del tribunal disciplinario y la reducción del plazo de suspensión.
El colegio estatal de abogados decidió iniciar una indagación sobre las acciones de la fiscalía del condado Maricopa, específicamente Andrew Thomas, quien fungía como fiscal del condado, Lisa Abuchon, quien fungía como abogado principal de la fiscalía del condado Maricopa, y Rachel Alexander, después que estos llevaron a cabo las detenciones de dos funcionarios públicos y dos jueces. Según un fallo judicial, el cual fue otorgado por el presidente de la suprema corte estatal, existía suficiente evidencia para llevar a cabo dicha investigación intentando determinar si el fiscal y sus dos subalternos violaron principios de ética o reglamentos del ejercicio de la abogacía. Después de la conclusión de la investigación, el colegio estatal de abogados entabló 30 cargos relacionados con violaciones de ética y abuso del poder judicial contra Thomas, 28 cargos contra Abuchon, y 7 cargos contra Alexander. El tribunal disciplinario del colegio estatal de abogados inició un juicio el 2 de septiembre, 2011 y este terminó el 2 de noviembre. El 10 de abril, 2012 el tribunal otorgó sus decisiones sobre los tres abogados: Andrew Thomas y Lisa Aubuchon fueron expulsados del colegio de abogados, lo cual representa la penalización más severa, pues las expulsiones impiden que ambos ejercen como abogados, mientras que Alexander recibió la suspensión por un plazo de seis meses más un día. Abuchon también ha apelado la decisión y la suprema corte estatal emitirá una decisión judicial sobre la apelación.
Andrew Thomas, quien rehusó apelar su penalización, recientemente señaló que él se presentará como candidato para el cargo de gobernador. Se estima que, hasta la fecha, el costo total de las acciones de Andrew Thomas y la fiscalía del condado Maricopa ha alcanzado una suma de $5 millones de indemnizaciones, las cuales han sido otorgadas a las múltiples partes dañadas por las acciones de la fiscalía y $3 millones en honorarios y gastos legales.
