Reanudará actividades PJE

El Poder Judicial del Estado acordó por unanimidad reanudar servicios a partir del próximo lunes 25 de enero, luego de dos semanas de suspensión por el Plan de Contingencia Código Rojo en varios municipios de Sonora, que incluye Nogales, para revertir el mayor contagio en el virus SARS-CoV2.

Según acta 03/2020, publicada en el Boletín Oficial el jueves 21, se especificó mantener y reforzar medidas preventivas con reglas que serán obligatorias en las materias civil, civil especializada en arrendamiento inmobiliario, civil especializada en extinción de dominio, familiar y mercantil en sus modalidades de tradicional y oral, con aplicación invariable e ineludible a funcionarios y usuarios de juzgados y tribunales.

En sesión del día 19 de enero y como primer punto, el Magistrado Presidente Francisco Gutiérrez Rodríguez, informó que con el objetivo de reanudar la prestación de los servicios el lunes 25 de enero, se retome el análisis y reajuste de las medidas que se aprobaron en sesión del día 12, a raíz de la determinación del plan de contingencia Código Rojo para diversos municipios con mayor contagio en el virus SARS-CoV2.

Se ponderan las recomendaciones adoptadas desde el 17 de marzo 2020, que inició la emergencia sanitaria, pero ahora aplicadas con mayor rigor para preservar la salud de todos, dados los lineamientos y aprendizajes sobre la forma de prevenir el riesgo de contagio.

Se ha implementado el Plan de Regreso Gradual a la Normalidad del Servicio de Impartición de Justicia en Sonora planteado desde el 20 de julio 2020, que ha conducido a generar nuevas formas y logísticas de cómo continuar labores, con énfasis en uso de tecnologías de la información, con diversidad de horarios, control de número de funcionarios y usuarios en recintos judiciales, con mayor organización del tiempo y número de personas que se atenderán.

Con este reajuste, que modifica y reafirman algunas medidas que han constituido la base del actual funcionamiento judicial, para con ello evitar el cierre de los servicios ya experimentados el año pasado por un lapso de 4 meses, que desembocó una angustiosa y complicada situación para el gremio de los abogados postulantes y las partes materiales a quienes asisten técnicamente.