ABC, a 11 años de la tragedia
Padres claman justicia, acusan al Estado Mexicano de no actuar
El diario de Sonora
el 04/06/2020 12:00 AM, Sección Sonora
Última edición 25/04/2024 01:04 PM.
Once años han pasado desde aquel viernes 5 de junio de 2009 en el que la cotidianidad de la ciudad de Hermosillo, en la víspera de fin de semana, se vio interrumpida por la más grande tragedia que jamás se haya imaginado; y a la fecha la tristeza, el dolor y el recuerdo, permanecen intactos en la memoria colectiva de quienes fuimos testigos.
Eran cerca de las 3:00 de la tarde cuando una columna de humo, al sur de la ciudad, alertó a los cuerpos de seguridad y de rescate sobre un incendio que ponía en riesgo a la población, pero al llegar se percataron de que el fuego estaba sobre una guardería y a partir de ese momento ya nada volvió a ser igual.
Desde entonces los padres de las víctimas fallecidas y de los menores lesionados han emprendido una larga lucha que parece interminable contra autoridades de los tres niveles de gobierno y hasta hoy no ha sido resuelta.
A escasos días de la tragedia y aún en la atención a los heridos y a las víctimas de los fallecidos, el gobierno de entonces presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, y el gobernador priísta Eduardo Bours intercambiaron acusaciones por la falta de supervisión en la guardería y en medio de esa confrontación, la investigación arrojó que una de las socias de la estancia subrogada del IMSS, Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, es familiar de Margarita Zavala, esposa de Calderón.
Desde entonces se han realizado investigaciones, entre las cuales está la de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que intervino con una recomendación para el caso; y un tribunal confirmó sentencia de entre 14 a 29 años de cárcel contra 19 detenidos, los expedientes llegaron a la Corte en octubre de 2018 y hoy siguen siendo estudiados para ser resueltos.
En agosto de 2009 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió integrar una Comisión Investigadora Especial para los actos de negligencia y omisión, y se dicta auto de formal prisión en contra de cuatro socios de la guardería, y en 2010 la misma instancia deslinda de responsabilidades al entonces director general del IMSS, Daniel Karam, al exgobernador Eduardo Bours.
El presidente de la República en turno, Felipe Calderón Hinojosa, ordenó el 26 de junio de 2010, que las madres de las víctimas recibieran de manera vitalicia una indemnización correspondiente a su sueldo, con una bosa de 250 millones de pesos; pero tras argumentos de discriminación en los montos, el 20 de julio del mismo año estableció que ninguna madre podrá recibir una cantidad menor a 5 mil pesos; pero aun así se entregaban cantidades entre 5 mil y 50 mil pesos.
El 29 de mayo de 2011 familiares y organizaciones civiles llevaron al Estado Mexicano un juicio ciudadano en el que Daniel Karam y Juan Francisco Molinar Horcasitas, fueron condenados a presentar disculpa pública.
El 13 de agosto de 2015 la entonces Procuraduría General de la República (PGR) ejerció acción penal contra 22 servidores públicos estatales y municipales, y encargados de la guardería, por el delito de homicidio culposo; y en octubre de 2018 la SCJN acepta revisar un amparo contra 19 sentenciados y otro promovido por las familias de las víctimas para obtener justicia y reparación de daños.
El 12 de diciembre de 2019 el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que hará un decreto para superar lo que hizo Felipe Calderón y otorga 54 mil pesos, pero no solo a los 80 beneficiarios sino a 160, apoyando de la misma manera a los que tuvieron daños emocionales y a los que sufrieron lesiones que no son visibles.
El miércoles 3 de junio del año en curso la SCJN pospuso el fallo para que el Estado Mexicano repare el daño a los padres de los 49 niños que murieron en el incendio de la Guardería ABC, en análisis al amparo de una familia de las víctimas que demandaron a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) la reparación del daño.
Con el amparo busca una compensación por 10 millones de pesos más y exigen que se les trate como víctimas directas, tanto a los menores sobrevivientes como a los familiares de todos los afectados.
