La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) solicitó al Congreso local citar a comparecer a la titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), Claudia Indira Contreras Córdova, a fin de que informé públicamente su negativa a dar cumplimiento a dos de seis puntos recomendados por casos de personas desaparecidas, informó el órgano defensor de los derechos humanos a través de un comunicado.
Detalló que, en respuesta a las 15 recomendaciones por violación a los derechos de acceso a la justicia y a la verdad, así como omisiones en perjuicio de 50 víctimas; la FGJE acepta continuar con la búsqueda y localización de las víctimas desaparecidas, trabajar para concretar sanciones contra los responsables, impulsar la creación de una Fiscalía especializada para la investigación desapariciones, y solicitar la inscripción de las víctimas en el Registro Estatal de Víctimas.
Precisó la Fiscalía de Sonora considera que las violaciones de derechos humanos acreditadas no son graves ni sistemáticas; y no admite dar cumplimiento a (1) llevar a cabo un acto de disculpa pública hacia las víctimas, e iniciar las investigaciones en contra de las autoridades ministeriales a las que se atribuyen los actos de omisión.
Aclaró que de acuerdo con el artículo 47 bis, de la Ley 123 que crea la CEDH, establece que cuando la autoridad responsable no acepte total o parcialmente una recomendación se le citará a comparecer ante el Congreso del Estado; y en casos de que persista en su negativa de cumplimiento se podría denunciar penal o administrativamente, previa consulta con el órgano legislativo.
El pasado 19 de octubre la CEDH informó que por primera vez en su historia emitió de forma simultánea un conjunto de 15 recomendaciones por 15 casos diferentes de desaparición de personas dirigidas a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).
Detalló que estas recomendaciones acreditan violaciones graves a los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal y al reconocimiento de la personalidad jurídica en perjuicio de 23 personas desaparecidas, así como violaciones a los derechos de acceso a la justicia, a la verdad y a la integridad personal de 27 familiares.
En total, se trata de 50 víctimas directas e indirectas de casos ocurridos entre 2016 y 2021 en Hermosillo, Nogales, Empalme, Agua Prieta, Sáric, Huatabampo, Imuris, Benjamín Hill y Magdalena.