Trabajadores del Poder Judicial en Hermosillo se manifiestan contra la reforma judicial

Cerca de 300 trabajadores del Poder Judicial de la Federación, residentes en Hermosillo, Sonora, se manifestaron este lunes frente a los juzgados del edificio principal, ubicado en la intersección del bulevar Luis Encinas y la calle Monteverde, para expresar que aún no existen las condiciones necesarias para retomar sus labores de manera regular.

La reunión de los trabajadores, que incluyó la representación de los 20 juzgados federales de distrito, laborales y colegiados, contó con la participación de jueces y magistrados que se opusieron a la manera en que se está llevando a cabo la designación de los responsables de la implementación de la justicia, quienes serán elegibles.

Rafael Alejandro Flores, secretario de Juzgado de Distrito, afirmó que las autoridades del Estado Mexicano han incumplido las leyes al negarse a acatar los mandatos judiciales.

Los mandatos judiciales no se deciden sí se cumplen o no, por eso tenemos un problema social porque no tenemos la cultura de obedecer las leyes, de obedecer las determinaciones judiciales, no están dadas las condiciones porque la más alta esfera del Estado Mexicano ha estado incitando a las demás a incumplir las determinaciones judiciales, comentó.

Indicó que la decisión tomada mediante una tómbola, que afectó a 785 magistrados y jueces que deberán dejar sus cargos, impactó a aproximadamente 15 juzgadores en Sonora.

Flores aseguró que, a la espera de lo que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aún existe la posibilidad de revertir la reforma judicial a través de un recurso de amparo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dado que esta reforma vulnera las obligaciones del Estado Mexicano en los tratados internacionales que garantizan la existencia de tribunales y jueces independientes.

Conocemos el derecho constitucional y el derecho internacional, conocemos los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte y abiertamente esta reforma vulnera las obligaciones del Estado Mexicano, concluyó.