En una entrevista con un medio, Denis Omar Silva, portavoz del colectivo afectado, detalla la paradoja: "Tenemos el sello de la Agencia Aduanal, pagamos los 27 mil pesos del pedimento A3, pero al llegar a Sonora nos cierran las puertas. En Chihuahua y Sinaloa estos mismos autos ya circulan con placas". La incongruencia entre políticas estatales ha encendido la indignación.
Las autoridades locales mantienen un hermetismo preocupante:
- No existen lineamientos públicos que justifiquen el rechazo
- Las negativas se dan sin explicación técnica o legal
- Algunos vehículos ya emplacados enfrentan bloqueos posteriores
"No queremos placas de otro estado, queremos aportar a nuestra tierra", insiste Silva. El argumento revela un trasfondo cívico inusual: los afectados rechazan soluciones fáciles como emplacar en entidades vecinas, pues buscan que
sus impuestos vehiculares beneficien directamente a Sonora en pavimentación y servicios.
La situación ha creado un limbo jurídico donde:
- Propietarios con trámites completos no pueden circular legalmente
- Quienes lograron placas antes no pueden transferir propiedades
- Las familias acumulan pérdidas por vehículos inutilizables
Mientras las manifestaciones pacíficas se multiplican en plazas públicas, el silencio oficial alimenta teorías sobre posibles
intereses económicos detrás de la negativa. El colectivo advierte que escalarán las acciones hasta obtener una respuesta clara, no solo para resolver su caso, sino para
sentar un precedente en la transparencia administrativa.
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