La firma del decreto por parte de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha suscitado inquietud y críticas debido a su clasificación de las identidades de género diversas como “trastornos mentales”. Esta medida, que contradice la posición de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha sido calificada por expertos y activistas como un retroceso en materia de derechos LGBTIQ+.
El decreto, aprobado el pasado 10 de mayo, actualiza el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud de Perú, incluyendo el listado de procedimientos médicos básicos. En esta actualización, se catalogan diversas identidades de género como “trastornos mentales”, generando preocupación entre los defensores de los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans y queer. Para el gobierno peruano, esta medida busca garantizar el acceso gratuito de las personas trans a los servicios de salud mental.
Sin embargo, esta decisión ha sido cuestionada por activistas LGBTIQ+, quienes señalan que el decreto ignora la despatologización de las personas trans realizada por la OMS en 2018. Mientras la OMS eliminó las categorías que consideraban a las personas trans como enfermas, el gobierno peruano se basa en una versión desactualizada de la Clasificación Internacional de Enfermedades. Esta discrepancia ha generado preocupación sobre el posible impacto negativo en la comunidad trans, incluyendo el riesgo de promover las llamadas “terapias de conversión”.
A pesar de la afirmación del gobierno peruano de que esta medida busca facilitar el acceso a la salud para las personas trans, activistas como Leyla Castillo y Alejandro Merino la ven como una estrategia que podría perpetuar la discriminación y vulnerabilidad de esta población. Mientras tanto, otros como Bruno Montealegre reconocen la necesidad de mejorar el acceso a servicios de salud para las personas trans, pero advierten sobre los peligros de etiquetar la diversidad de género como un trastorno mental.
En resumen, la firma de este decreto ha generado un intenso debate en Perú, donde se cuestiona si realmente representa un avance en el acceso a la salud para las personas trans o si, por el contrario, constituye un retroceso en sus derechos y una amenaza para su bienestar.