Tucson y el condado de Pima se preparan legalmente ante posibles deportaciones masivas de Trump
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Nicol Matuz ScottLa vida cotidiana se ve envuelta en una atmósfera de expectativa, donde las conversaciones cotidianas giran en torno a los posibles escenarios futuros.
En el corazón de esta situación se encuentran la Fiscal del Condado de Pima, Laura Conover, y la Presidenta de la Junta del Condado de Pima, Adelita Grijalva. Ambas líderes están al frente de la elaboración de una estrategia legal para afrontar posibles deportaciones masivas. “Como sucede con la mayoría de las tácticas alarmistas, es difícil ejecutar las operaciones a una escala masiva”, comenta Conover, ofreciendo un rayo de esperanza — aunque prudente — ante la amenaza.
El temor no es infundado. La amenaza de deportaciones masivas, anunciada por varios senadores para principios del próximo año, trae a la memoria el impacto devastador de episodios similares. En el pasado, 15,000 estudiantes abandonaron las escuelas en ocho meses, generando una crisis económica que afectó profundamente a Tucson. Esta vez, la preocupación es aún mayor, ya que la comunidad inmigrante representa una parte crucial de la fuerza laboral en sectores como la agricultura y la construcción.
La estrategia de las autoridades locales se centra en la prevención y la preparación legal. Se están redactando memorandos legales para proveer asesoría inmediata a quienes la necesiten. Además, existe una estrecha colaboración entre el Departamento de Policía de Tucson y el Departamento del Sheriff del Condado de Pima, quienes han dejado claro que la inmigración no es parte de sus funciones. Se trabaja en fortalecer el sistema 88-CRIME para que la comunidad pueda reportar posibles amenazas sin miedo a represalias. La meta es evitar el pánico generalizado y asegurar que las personas no abandonen sus estudios ni sus empleos.
Un punto crucial de la estrategia es evitar cualquier tipo de perfil racial en la identificación de personas para deportación, práctica declarada ilegal por los tribunales. Cualquier acto de este tipo, de ser reportado, activaría inmediatamente las acciones legales preparadas por el equipo jurídico. "Hay métodos para asegurar que se evite el caos mientras los casos se procesan en los tribunales, y eso es lo que preserva la paz", afirma Conover.
Mientras tanto, y hasta que la nueva administración revele sus planes concretos, las autoridades locales se mantienen en alerta, planeando sus estrategias de defensa y enfatizando su postura: “En el nivel municipal y del condado, no consideramos esto nuestro problema; no vamos a hacer cumplir la ley de inmigración. No es nuestro trabajo”, concluye Grijalva.
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