EEUU declara guerra al narco: Impacto en la frontera y México
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Leonora LagardaEn el centro de esta estrategia se encuentra una orden ejecutiva firmada por el expresidente Trump. Esta orden, lejos de ser una simple medida, apunta a una reclasificación radical de los cárteles mexicanos y otros grupos criminales latinoamericanos, incluyendo a la pandilla venezolana Tren de Aragua y la salvadoreña Mara Salvatrucha (MS-13).
La orden, según fuentes oficiales, busca designarlos como organizaciones terroristas extranjeras. Esto, "amenazan la seguridad del pueblo estadounidense, la seguridad de los Estados Unidos y la estabilidad del orden internacional en el hemisferio occidental," se lee en el documento. La designación no nombra grupos específicos, delegando en los secretarios del gabinete la tarea de recomendar grupos para su inclusión en la lista en los siguientes 14 días.
Las implicaciones de esta medida son vastas y complejas. Expertos como Vanda Felbab-Brown, del Brookings Institution, advierten sobre "enormes implicaciones, desde el comercio hasta los migrantes." La situación se complica aún más considerando el control que los cárteles ejercen sobre el tráfico de migrantes, dificultando el acceso a asilo para miles de personas.
Por otro lado, voces como la de Mike Vigil, ex jefe de operaciones extranjeras de la DEA, señalan que la medida podría ser en gran parte un "teatro político". Si bien reconoce la posibilidad de facilitar la confiscación de activos y la imposición de sanciones, descarta la posibilidad de una intervención militar directa en México, recordando la soberanía del país vecino.
La intensificación de la violencia de los cárteles en el norte de México, provocada por disputas internas, como la guerra entre facciones rivales del cártel de Sinaloa, agrega una capa más de complejidad al panorama. El uso de armas cada vez más sofisticadas, y la expansión de sus actividades al tráfico de migrantes, han dejado una estela de víctimas y un profundo impacto en la vida de miles de mexicanos.
Familiares de víctimas, como Adrián LeBarón, cuya hija murió en una masacre en 2019, ven en esta designación una posible vía para lograr justicia. Para él, "una investigación sobre terrorismo es justicia no sólo para nosotros, sino también para cada pueblo y rincón del país donde una familia ha sido destruida y el terror ha sido sembrado a su paso." La situación, sin duda, requiere una atención cuidadosa y un análisis profundo de sus consecuencias a largo plazo.
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