Tucson criminaliza indigencia: nueva ordenanza penaliza acampar en cauces de los arroyos
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Nicol Matuz ScottEn medio de este contexto, el Concejo Municipal de Tucson, Arizona, tomó una decisión que ha generado controversia: por una votación de 5 a 1, se aprobó una ordenanza que penaliza acampar en los cauces de los arroyos. La propuesta, impulsada por el Fiscal de la Ciudad, Mike Rankin, y apoyada por la Concejala Rocque Perez (quien sustituyó a Richard Fimbres tras su renuncia), se enmarca en la necesidad de mitigar las consecuencias de la Proposición 312.
Esta proposición, aprobada en noviembre pasado, permite a los propietarios de inmuebles en Arizona solicitar un reembolso de sus impuestos si demuestran que el gobierno local no ha abordado adecuadamente los efectos negativos de la falta de vivienda en sus alrededores. "Es una medida preventiva para proteger a la ciudad de posibles demandas", explicó un funcionario municipal.
La ordenanza, modificada tras sugerencias de la Concejala Karin Uhlich, se centra en "actividades que indiquen un intento de establecer un lugar temporal para vivir", evitando menciones específicas a objetos como bolsas de dormir o tiendas de campaña. La única voz disidente fue la del Concejal Kevin Dahl, quien argumentó que la medida "criminaliza la falta de vivienda".
La decisión no ha estado exenta de protestas. Decenas de personas se manifestaron en contra, argumentando que la medida solo agravará la situación de las personas sin recursos. "Las prohibiciones no funcionan", se leía en una de las pancartas, un sentimiento que resuena con la opinión de residentes como José Valladares, quien señaló que "nadie quiere vivir en la calle".
Cabe destacar que los arroyos, a pesar de los riesgos de inundaciones durante la temporada de monzones, ofrecen cierto grado de sombra y privacidad. El programa Housing First de la ciudad realiza limpiezas periódicas en estas zonas, pero hasta ahora no se habían impuesto sanciones por acampar en ellas. La violación de la ordenanza se sanciona con multas de hasta $250 o hasta 10 días de cárcel.
Una demanda ya ha sido presentada bajo la Proposición 312, aunque las autoridades municipales cuestionan su validez. Este incidente, y la aprobación de la ordenanza, reflejan la compleja situación que enfrenta Tucson en relación con la falta de vivienda y las implicaciones legales y sociales que conlleva.
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