Fred Erickson, uno de los afectados, mostró a medios locales los sillones que quería restaurar. "Son muebles de buena calidad, por eso confié", comentó. La señal de alarma llegó cuando Chávez le pidió que el cheque fuera a su nombre personal y no al negocio. $2,500 dólares y 12 semanas después, solo recibió excusas: retrasos en tela, falta de personal. La policía de Marana confirmó que Chávez no tenía el dinero para devolver cuando se le confrontó.
- 14 quejas documentadas ante el Better Business Bureau
- La acreditación BBB del negocio fue suspendida
- Al menos 2 clientes hablan de descuentos por pago anticipado que terminaron en estafa
Susan DeHart entregó
$3,600 para restaurar nueve sillas. Dos años después, solo la mitad del trabajo estaba hecho.
"Pensé que un negocio con 50 años de historia sería confiable", dijo mientras prepara su demanda en tribunales civiles. Chávez, por su parte, insiste en que no hay
fraude:
"Es cuestión de escasez de mano de obra calificada", declaró sin ofrecer entrevista formal.
El caso revela un vacío legal: al operar como LLC (Sociedad de Responsabilidad Limitada), Chávez no está obligado a tener un fondo de compensación para clientes afectados, algo que sí aplica a contratistas en Arizona. Mientras el proceso penal avanza, las autoridades recomiendan:
- Verificar licencias comerciales antes de pagos anticipados
- Exigir contratos con cláusulas de reembolso
- Reportar directamente a la policía en casos de posible fraude
Chávez mantiene su negocio abierto, aunque ahora promete implementar recibos con
"términos no reembolsables" como los de grandes minoristas. Para víctimas como Erickson, el daño ya está hecho:
"No entiendo cómo sigue operando en Tucson", cuestionó mientras revisa fotos de sus sillones aún sin restaurar.
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