Entre las alegaciones, se destaca el uso de códigos de acceso telefónico de otros reclusos para establecer contacto con diversas personas, incluyendo a sus propios hijos. Además, se menciona que ha llevado a cabo llamadas en conferencia para conectar con otros individuos. Un aspecto preocupante es su utilización de un servicio de comunicación de terceros, conocido como ContactMeASAP, para comunicarse con personas que no están autorizadas.
Un caso específico mencionado por los fiscales involucra una llamada realizada en octubre entre el acusado y uno de sus hijos adultos. Aunque los detalles de esta conversación han sido censurados, se sugiere que la llamada podría implicar intentos de chantaje hacia las víctimas y testigos, buscando que guarden silencio o que ofrezcan testimonios favorables a su defensa. “El objetivo del acusado es chantajear a las víctimas y testigos”, afirman los fiscales.
El magnate, quien cumplirá 55 años el próximo 4 de noviembre, también ha sido acusado de intentar influir en la opinión pública sobre su caso desde la prisión. Un video publicado en Instagram por su hijo, Justin, muestra a los hijos del acusado cantándole "feliz cumpleaños" a través del teléfono. Según los fiscales, Combs ha estado monitoreando la recepción del video y discutiendo con su familia sobre cómo maximizar su impacto en potenciales miembros del jurado.
Los cargos que enfrenta incluyen tráfico sexual, asociación ilícita y transporte para participar en la prostitución, según un acta de acusación federal. Inicialmente, se le negó la fianza debido a preocupaciones sobre su posible manipulación de testigos. En una reciente presentación, los abogados de Combs solicitaron nuevamente su liberación, pero bajo condiciones estrictas, argumentando que el caso de la fiscalía es “débil”.
La defensa ha presentado un video de marzo de 2016, que muestra al acusado agrediendo a una mujer en un hotel de Los Ángeles. Sin embargo, argumentan que este video no representa un acto de violencia forzada, sino que es un vistazo a una relación consensuada y compleja de más de una década. Para su liberación, han propuesto un arresto domiciliario con monitoreo constante y restricciones severas en su capacidad de comunicarse con personas ajenas a su equipo legal.
El juicio de este caso está programado para mayo de 2025, y se espera que continúe atrayendo la atención mediática y pública en los próximos meses.