Inmigrantes enfrentan crisis legal sin acceso a abogados

La ley migratoria estadounidense no garantiza defensores públicos en procesos civiles, una brecha que organizaciones como GLAHR intentan mitigar. “Antes podíamos intermediar, pero ahora ICE solo habla con el detenido o su abogado contratado”, explica Adelina Nichols, directora de la Alianza Latina de Georgia. Mientras, en estados como Nueva York o California, proyectos estatales cubren costos legales, pero en el sur la ayuda depende de voluntarios:

• Texas: Fondos municipales en Austin y Dallas financian asesorías, sin cobertura estatal.
• Illinois: Abogados públicos pueden representar en ciertos trámites desde 2022.
• Colorado: Creó un fondo especial para deportaciones en 2021.

Detrás de esta disparidad, organizaciones denuncian un modelo de negocio que lucra con la detención. “Centros privados facturan millones diarios”, revela Nichols, mientras muestra facturas de llamadas a centros como el de Stewart: “$9.80 por minuto. Muchas familias eligen entre pagar la renta o hablar con su familiar”. En el caso de Alvizu, su madre solo logra comunicarse cada 15 días.

Entre los datos menos conocidos está el rol de compañías telefónicas y abogados que operan dentro de los centros. “Algunos firmas tienen convenios con las cárceles y cobran tarifas infladas”, advierte Nichols. Mientras, ICE mantiene que “todos los detenidos reciben listas de recursos legales”, aunque activistas insisten en que son insuficientes. Para familias como la de Leopoldo, el reloj sigue corriendo: cada día de espera profundiza su deuda y su incertidumbre.

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