La película, un éxito rotundo con más de $300 millones de dólares en taquilla y un presupuesto de apenas $25 millones, protagonizada por Blake Lively y dirigida por Justin Baldoni, ha generado una ola de controversias legales que han salpicado a varios involucrados. El conflicto no se limita a las estrellas principales, sino que involucra a representantes y publicistas, creando un complejo entramado de acusaciones.
Steph Jones, dueña de la firma de relaciones públicas Jonesworks, ha demandado a Baldoni por incumplimiento de contrato, alegando una deuda de $25,000 dólares mensuales. Esta demanda se suma a otra presentada por Jones contra Jennifer Abel y Melissa Nathan, ex empleadas de Jonesworks, a quienes acusa de participar en una “campaña de desprestigio” contra Lively.
Pero el escándalo no termina ahí. Lively, por su parte, ha presentado una demanda contra Baldoni, acusándolo de acoso sexual durante el rodaje de la película. La actriz alega que este supuesto acoso creó un ambiente de trabajo hostil y que, posteriormente, se orquestó una campaña para dañar su reputación.
Los documentos legales incluyen mensajes de texto que, según Lively, demuestran la existencia de esta campaña, con frases como “quiere que [Lively] sea enterrada”. Baldoni, a través de su abogado Bryan Freedman, niega categóricamente estas acusaciones, calificándolas de “falsas, escandalosas e intencionadamente sensacionalistas”.
La actriz Jenny Slate, también parte del elenco, ha expresado públicamente su apoyo a Lively, describiendo las acusaciones como “terriblemente oscuras, perturbadoras y totalmente amenazantes”. La situación ha generado un debate público intenso, con especulaciones sobre las motivaciones detrás de las demandas y las consecuencias para todos los involucrados. El caso promete mantener a la opinión pública al borde de sus asientos mientras se desenvuelve en los tribunales.