El foco de atención se dirige hacia Adrián Marcelo, influencer regiomontano con una considerable presencia en plataformas digitales. Recientemente, los Tribunales Electorales, tanto a nivel federal como estatal, emitieron sanciones en su contra. Pero, ¿por qué? Las razones, como veremos, son complejas y revelan una lectura interesante de los límites en el uso de las redes durante procesos electorales.
La Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó una sanción impuesta por el tribunal local. La razón: la publicación de un video en redes sociales donde Adrián Marcelo aparecía junto con Adrián de la Garza, entonces candidato a la alcaldía de Monterrey. Esta acción fue considerada una "aportación prohibida" a la campaña de De la Garza, un acto que viola la legislación electoral vigente. La sentencia, citando el juicio electoral 301 de 2024, establece que los argumentos presentados por Adrián Marcelo no fueron suficientes para revertir la decisión inicial.
Pero las sanciones no terminan ahí. El Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León también encontró a Adrián Marcelo responsable de violencia política en razón de género, específicamente en su modalidad verbal y simbólica. Las magistradas determinaron que en un reportaje y entrevista transmitida en su canal de YouTube, empleó estereotipos de género en contra de Mariana Rodríguez Cantú, entonces candidata a la alcaldía de Monterrey por Movimiento Ciudadano. La sentencia destaca que, aunque el periodismo está protegido, no se puede justificar la vulneración de la dignidad de las mujeres.
En ambos casos, las decisiones fueron aprobadas por unanimidad, reflejando la gravedad de las infracciones. Los detalles de las sentencias incluyen análisis exhaustivos de las publicaciones de Adrián Marcelo, contrastando las declaraciones con la legislación electoral vigente y la normativa en materia de género. Se examinaron minuciosamente los videos y entrevistas, analizando el lenguaje utilizado y su potencial impacto en la opinión pública.
El caso de Adrián Marcelo pone sobre la mesa un debate esencial: ¿Cómo navegamos la delgada línea entre la libertad de expresión y las responsabilidades legales en el ecosistema digital, particularmente durante los procesos electorales? Las sanciones impuestas ilustran la complejidad de este panorama y la necesidad de una mayor comprensión de las normas que regulan el uso de las redes sociales en este contexto.