Desplazados en Chiapas sin justicia ni tierra

México, DF.

En 2014, el gobierno gastó más de 3.9 millones de pesos para auxiliar a personas desplazadas de sus tierras, pero omitió atender tres casos urgentes visibilizados por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.
Se trata de 110 familias desplazadas de las comunidades Viejo Velasco, Banavil y San Marcos Avilés, que a pesar de formar parte de la campaña civil Rostros del Despojo –que busca el retorno pacífico a sus hogares– permanecen en total vulnerabilidad. Lejos de frenarse, el problema se agravaría en los próximos meses. Cuatro dependencias del gobierno de Chiapas gastaron 3 millones 963 mil 372 pesos –en el ejercicio de 2014– para la atención de personas desplazadas de sus lugares de origen. Sin embargo, no tomaron en cuenta a las familias que fueron expulsadas de forma violenta de las comunidades Viejo Velasco, Banavil y San Marcos Avilés.
Se trata de más de 110 familias que, además de quedarse sin hogar y sin tierras de trabajo, perdieron a familiares y amigos. Y es que en las tres expulsiones se registraron asesinatos y desapariciones.
Por su gravedad, los tres casos han sido visibilizados por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Centro Frayba), a través de la campaña Rostros del Despojo. Con ésta, los defensores buscan que los indígenas afectados regresen pacíficamente a sus tierras.
En entrevista con Contralínea, el defensor Pedro Faro, del Área de Sistematización e Incidencia del Centro Frayba, explica que la campaña fue lanzada el 13 de noviembre de 2014. Ésta, detalla, “pretende evidenciar cómo se han ido despojando históricamente los territorios originarios de los pueblos indígenas de manera persistente, sistemática”.
Para Faro, el desplazamiento forzado que se vive en Chiapas es una de las violaciones graves a los derechos humanos relacionadas con el conflicto armado interno, pero no sólo: también hay otros desplazamientos forzados que se dan por motivos religiosos, económicos o por proyectos de infraestructura.
Respecto de los casos específicos que forman parte de la primera etapa de la campaña Rostros del Despojo –Viejo Velasco, Banavil y San Marcos Avilés– indica que sí están relacionados con el conflicto armado.
Agrega que las víctimas se encuentran en condiciones muy graves de inseguridad, tanto en su integridad física –por los riesgos que entrañan las amenazas de muerte y desaparición– como en cuestiones alimentarias, de educación, salud y vivienda.

Viejo Velasco
Uno de los casos que preocupan al Centro Frayba es el de las familias expulsadas violentamente de la comunidad Viejo Velasco. Dicha problemática inició el 13 de noviembre de 2006: fue una masacre que en ese momento tuvo como saldo cuatro ejecutados extrajudicialmente y cuatro desaparecidos. Cinco años después, los familiares encontraron los restos de dos de los cuatro desaparecidos. Por tanto, explica Pedro Faro, son seis ejecutados, dos desaparecidos forzados y 36 familias desplazadas.
El defensor de los derechos humanos destaca que, por su biodiversidad, la comunidad se localiza en una zona estratégica, y que a ello se suma un elemento de carácter político: la población es parte de la organización civil de defensoría Xi’Nich, conformada por comunidades indígenas de la Selva Lacandona Norte.
Anteriormente, en el lugar también se asentaban bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Pedro Faro dice que se trata de “un territorio ocupado a partir del levantamiento armado [en 1994]. Un territorio que la gente que lo estaba habitando se había ganado en la cuestión de la lucha por la tierra. Además de que es parte del territorio maya”.
Respecto de este caso, el Centro Frayba ha documentado “una acción de tipo paramilitar, donde participó la Opdic [Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos], que en ese tiempo era una organización de corte paramilitar, 300 elementos de seguridad pública, fiscales y [funcionarios de la] Sedesol [Secretaría de Desarrollo Social]”.
De acuerdo con Pedro Faro, los representantes de los gobiernos estatal y federal presenciaron la acción del desplazamiento, las desapariciones forzadas y las ejecuciones.
—¿La participación de funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social está documentada?
—Sí. Ellos acompañaron también.
Pedro Faro explica que justo por este caso se lanzó la campaña el 13 de noviembre de 2014. “Son 8 años de impunidad de la masacre de Viejo Velasco. Entonces ubicamos los rostros del despojo en ese sentido: no sólo es exterminar a la población, sino también quitarles los territorios que para el capitalismo y para las empresas, para los proyectos del gobierno, tienen un interés particular y, por lo tanto, los indígenas, los pueblos originarios, estorban”.

Banavil
De acuerdo con el sitio www.rostrosdeldespojo.org –página oficial de la campaña que encabeza el Centro Frayba–, el 4 de diciembre de 2011, en la comunidad de Banavil, municipio de Tenejapa, integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) agredieron con arma de fuego a familias simpatizantes del EZLN. Este suceso provocó el desplazamiento forzado de 13 personas, quienes perdieron su hogar y sus pertenencias.
Además, durante el ataque fue asesinado Pedro Méndez López, otras seis personas resultaron heridas y se registró la desaparición forzada de Alonso López Luna.
También dos personas fueron detenidas arbitrariamente, indica la campaña de visibilización: Lorenzo López Girón, quien fue herido por arma de fuego y acusado de lesiones calificadas, y Francisco Santiz López, base de apoyo del EZLN, quien se encontraba en un lugar distinto a donde ocurrieron los hechos. Posteriormente ambos obtuvieron su libertad.
Sin embargo, las familias, cuatro en total, aún no pueden regresar porque están amenazadas por quienes los despojaron. Más aún, una niña de 11 años de edad que formaba parte de los 13 desplazados falleció el pasado 21 de febrero, víctima de un edema cerebral.
San Marcos Avilés
En el tercer caso, el de San Marcos Avilés, Pedro Faro indica que también tiene que ver con el conflicto interno: ahí todos son bases de apoyo del EZLN y ellos están siendo despojados de sus tierras de trabajo.
En un primer momento –en septiembre de 2010– fueron desplazados también de sus hogares, pero pudieron retornar a partir de la presión de la Junta de Buen Gobierno: ocuparon de nuevo sus hogares, pero las tierras laborables permanecen despojadas.
Agrega que en este despojo participaron afiliados al PRI, al Partido Acción Nacional y al Partido de la Revolución Democrática, quienes se encuentran en posesión de las tierras laborables.

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