El Diario de SonoraCDMX
En la Cámara de Diputados autoridades del Gobierno federal, legisladores y especialistas en salud analizan viabilidad del programa; estudian propuesta de sustituirlo por el Instituto del Bienestar
Autoridades del Gobierno federal, diputados y especialistas en políticas de salud nacionales e internacionales, iniciaron las discusiones sobre la viabilidad del Seguro Popular, programa que surgió en 2003 y que el presidente Andrés Manuel López Obrador busca sustituir por el Instituto Nacional de Bienestar.
Durante su primera intervención el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela declaró que el Seguro Popular representa un gasto de bolsillo del 40 por ciento de los tratamientos en la población derechohabiente, que los lleva al empobrecimiento de las familias.
Durante el primer día de las audiencias públicas para discutir la creación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar en lugar del Seguro Popular, el funcionario argumentó ante la Comisión de Salud, especialistas en salud y la oposición, que este financiamiento no logró la cobertura de enfermedades y reducción de gastos para las familias.
“La promesa de protección financiera no se cumple, ya que las personas deben pagar más o menos el 40 por ciento del precio con gasto de su propio bolsillo, lo que ocasiona en consecuencia la exposición del gasto familiar en gastos catastróficos y empobrecimiento repentino”, señaló.
El presidente del Consejo Consultivo Ciudadano Nacional, Salomón Chertorivski, rechazó que el Seguro Popular no haya sido un modelo de financiamiento para las familias y expuso que cubre la mayoría de los casos de cáncer, especialmente de apoyo para los de tipo infantil.
“Antes del Seguro Popular el 30 por ciento de los niños con leucemia, es decir 3 de cada 10 vivían, hoy gracias al financiamiento 7 de cada 10 sobreviven”, expuso.
El exsecretario de Salud puso en la mesa la preocupación por el uso del Fondo de Gastos Catastróficos que ascienden a 80 mil millones de pesos, para los pacientes con enfermedades de alto impacto.
“El fondo se va utilizar para otros bienes. Esos 80 mil millones son de los afiliados al seguro popular para garantizar sus tratamientos, esto significa desproteger a la población de las enfermedades”, señaló.
Más Noticias
