Otorgan inmunidad a agente fronterizo que mató a mexicano
La Corte Suprema cerró el recurso judicial en el que un adolescente murió por el disparo, en la cara, de un agente fronterizo.
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Cinco miembros de los nueve integrantes de la Suprema Corte aseguraron que la gente que no estaba en territorio estadunidense en el momento de los hechos no puede iniciar un proceso legal en el campo civil en una corte federal.
Un reclamo por un tiroteo transfronterizo tiene implicaciones para las relaciones internacionales y la seguridad, escribió el juez Samuel Alito, en una opinión que agrupa a los cinco magistrados conservadores, mayoría en la Corte.
Además, el Congreso ha sido notablemente dubitativo a la hora de admitir demandas basadas por conductas supuestamente ilícitas en el exterior, agregó el magistrado.
Sergio Adrián Hernández Guereca, de 15 años, recibió un disparo en la cara que le costó la vida en la frontera entre El Paso, Texas, y Ciudad Juárez, México. Su familia asegura que él estaba jugando a tocar la línea fronteriza y volver corriendo a México con otros jóvenes, cuando el tiro lo alcanzó estando en territorio mexicano.
La mayoría de la corte aseveró que iniciar este proceso podría tener implicaciones en las relaciones entre el gobierno mexicano y estadunidense, sugiriendo que el conflicto se resuelva con diplomacia y no en una corte federal de los Estados Unidos, pues afirmaron que la Guardia Fronteriza de este país tiene un papel fundamental para evitar el paso de migrantes.
Después de esta resolución, el señalado como culpable por la familia mexicana no enfrenta ningún proceso en su país ni en México, pero la nación sur de la frontera condenó los hechos cuando ocurrieron, en 2010.
La familia del adolescente solicitaba que se les repusiera económicamente los daños perpetrados contra ellos al asesinar a su hijo en territorio mexicano, apuntó The Guardian.
En la presentación del caso, la Patrulla Fronteriza alegó que el joven había lanzado piedras a los agentes, mientras que el FBI apuntó que guiaba migrantes ilegales a los Estados Unidos, lo que no coincide con las declaraciones de los familiares.