Violencia obstétrica, un problema estructural que atenta contra la salud

Esterilizaciones no consentidas, trato con humillaciones, tactos vaginales innecesarios o medicación excesiva son algunos de los actos que las mujeres y personas con capacidad de gestar viven a diario en servicios de control reproductivo, del embarazo, parto y puerperio. No importa si suceden en hospitales públicos o privados, son considerados como violencia obstétrica.

Esta radica en cualquier acción u omisión de parte del sistema nacional de salud y que tiene consecuencias a nivel físico, emocional y psicológico en pacientes, define la organización feminista y de derechos humanos Grupo de Información en Reproducción Elegida (Gire).

“Está esta relación desigual entre médico-paciente y justo como se han normalizado estos hechos o situaciones que se traducen en violencia obstétrica, justo son los médicos quienes de pronto pareciera que son quienes saben qué es lo mejor para las mujeres y son quienes deciden; sin embargo, es muy importante que haya una comunicación médico-paciente para conocer también cuáles son las necesidades en ese momento”, mencionó Alehi Balderas, abogada de Documentación y Litigio de Casos en Gire.

La violencia obstétrica tuvo una medición oficial en México por primera vez en la Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de las Relaciones en los Hogares (Endireh) de 2016. Las estadísticas reflejaban que en un periodo de cinco años, al menos 33.4% de mujeres y personas con capacidad de gestar que tuvieron un parto sufrió al menos un tipo de maltrato de quienes les atendieron.

Las acciones de médicos o enfermeros se reconocen con mayor incidencia, pero en realidad puede englobar a cualquier participante del sistema: administración, vigilancia, camilleros o limpieza, consideró Angélica Ramírez, académica de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia (ENEO). La violencia se traduce en pérdida de confianza, generando un impacto en la salud de la persona y del bebé.

“Al ejercer la violencia se pierde la confianza en los servidores y eso tiene un efecto importante porque (las personas) no tienen el interés o prefieren no asistir a los servicios de salud. Quién va a ir a que le griten o le digan cosas ofensivas, entonces tiene un impacto en el estado de salud de la madre y del recién nacido”, reflexiona.

Los datos de la Endireh indican que las personas que sufrieron maltrato reconocieron los gritos y regaños, el retraso en la atención porque durante el parto gritaron o se quejaron, así como omisión de información respecto a preguntas sobre los bebés o el parto como las acciones que presenciaron cuando fueron atendidas.

En el mismo periodo, de las 3.7 millones de mujeres a las que se les practicó una cesárea, al 10.3% no se le informó la razón médica del procedimiento y al 9.7% no se le pidió autorización.

Balderas comentó que en ocasiones los hospitales o unidades médicas no cuentan con los espacios adecuados para la atención ginecológica u obstétrica. En consecuencia, las cesáreas o los partos, por ejemplo, no se realizan en tiempos oportunos porque no hay personal, quirófanos o material suficiente; de ahí que se vuelva complicado disminuir los casos de violencia.

“No depende solo de la atención del personal de salud, consideramos que es un problema estructural porque el personal debe ser suficiente en las unidades hospitalarias y debe estar capacitado y sensibilizado, pero también depende de la infraestructura del lugar”, aseguró Balderas.

De las mujeres que reportaron haber sufrido violencia, el 40.8% dijo que fue en un hospital o clínica del IMSS, 38.7% en un hospital público de la entidad donde radica y 30.7% en un hospital del Issste, instituciones con las mayores cifras, según la Endireh.

Aun cuando no existe una estadística más actualizada que contemple la entrada del Covid-19 al sistema de salud, Balderas comentó que la pandemia vino a recrudecer el problema estructural que ya existía para los temas reproductivos, ginecológicos y de obstetricia.

“Hubo reconversión de hospitales (a hospitales covid) que al inicio generó un problema porque cuando las mujeres acudían por ayuda las mandaban a otro lugar… y no tenían acceso a los servicios. Las mujeres también acudían con miedo de acercarse a un hospital por un posible contagio, pero también porque ya se habían enfrentado a una negación previa del servicio”, señaló.

Las especialistas coincidieron en que al ser prácticas normalizadas es necesario concientizar tanto al personal como a las personas con capacidad de gestar y a la sociedad en general sobre el tipo de actos en servicios de salud pública que son violentos. Esto porque existe un trasfondo de género y por la vulnerabilidad en la que se encuentran la población que requiere servicios obstétricos.

Angélica Ramírez destacó que desde las instituciones educativas se ha identificado que la violencia de la parte médica se aprende del modelo biológico enseñado en las aulas. “Tiende a ser una violencia estructural en las escuelas donde aprendemos y se replica en otros espacios. Además contribuyen las condiciones laborales para que no se den las mejores condiciones de atención”.

Desde la ENEO, ejemplificó Ramírez, los planes de estudio ya incluyen un enfoque de género para las diversas carreras que ofrecen. Se habla de violencia como eje prioritario y cómo se puede contribuir a no caer en ella; el enfoque es interprofesional, es decir, se trabaja con diferentes especialistas que conviven en los centros de salud para incidir en el correcto cuidado de las pacientes.

El caso de Natalia

Minutos después del nacimiento de su bebé, “Natalia” vio que en la camilla donde dio a luz había una mancha negra que no era sangre. Preguntó a la enfermera cuál era su origen y, después de mucha insistencia, esta le contestó que se trataba de las heces del recién nacido. Era meconio, la primera evacuación del bebé, que ocurrió previo a su nacimiento y una señal de que existió sufrimiento fetal.

“Le comenté a mi asesora de lactancia, que también es doctora, y me dijo que era el meconio. Cuando hay sufrimiento fetal los bebés se hacen popó en el vientre”, menciona.

La bebé nació en noviembre del año pasado en un hospital privado en Ciudad Victoria, Tamaulipas. A lo largo del embarazo adquirieron un plan para atender los cuidados prenatales y el parto en el lugar.

La ginecóloga con la que llevó el control de su embarazo le programó un parto inducido debido a la presencia de diabetes gestacional. El horror comenzó cuando un día antes de la fecha pactada acudieron a la última cita de revisión.

“A las seis de la tarde fuimos a una última revisión de control y me iba a dar unas pastillas para iniciar la labor y a las siete (de la mañana) del día siguiente ingresar al parto. En la revisión me hizo tacto y me dijo que la bebé estaba muy arriba, que íbamos a ver si era necesario que tomara las pastillas”.

Después de que la doctora le mencionó que fuera a su casa y cenara; a las once de la noche comenzó la labor de parto. Cuando llegó al hospital la dejaron sola en una silla de ruedas y le dieron una bata, que se puso a punta de regaños y sin ayuda.

Posteriormente su ginecóloga le dijo que solo tenía un centímetro de dilatación, pero que se debía “chutar” hasta cinco centímetros para ponerle el bloqueo.

“Se empiezan a intensificar las contracciones y después con mi esposo me entero que la doctora le dijo: “‘habla con tu esposa porque está exagerando, está fingiendo, no es para tanto’”.

“Natalia” relata que la especialista se fue a descansar y que en el lugar solo había un médico de guardia. Con las contracciones llegó hasta las cuatro de la mañana, momento en que su cuerpo comenzó a pujar y su dolor se escuchaba por el lugar sin que nadie la asistiera. Con urgencia le llamó a la enfermera porque sintió que ya estaba coronando.

“Me dice: ‘no hija, no estás pariendo, te estás haciendo popó’. Yo le pido que por favor se asome porque estoy sintiendo a la bebé…me da una contracción, la bebé empieza a salir y la enfermera me dice: ‘no pujes’ y agarra mis rodillas, así se sintió, hizo que la bebé se regresara. Y después me piden que coopere y como no había personal querían que yo ayudara”, relata.

Le pidieron que “cooperara” y en menos de dos minutos nació la pequeña. “Natalia” relata que al no haber un especialista no le practicaron una episiotomía -incisión en el perineo-, por lo que tuvo un desgarre.

“Cuando nace mi bebé me la pasan (por la cara) y se la llevan inmediatamente a limpiarla. Cuando terminan de hacerlo me la acercan para darle un beso y me dicen que estaba muy fría y que se la tenían que llevar a la incubadora. Ahí es cuando veo que me robaron todo lo que pude haber vivido en esa experiencia”, dice.

Tras haber reclamado en el hospital la nula atención que le brindaron, no hubo una reparación del daño. “La ginecóloga me pidió una disculpa y me dijo que había sido un parto precipitado: ‘eres primeriza, no esperaba que las cosas fueran así, normalmente esto no sucede’”.

“Natalia” decidió concentrarse en recuperar la salud propia y la de la bebé. Su familia estaba preocupada porque ella no presentara depresión posparto; sufría ataques de pánico recordando el momento, por eso al hablarlo y consultarlo con su esposo decidió hacer público el caso y emprender acciones legales.

El marco legal y el acceso a la justicia

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia contempla en su artículo sexto la violencia obstétrica. Aquí se enlistan acciones como revisiones y prácticas de salud que consideren personal adicional no necesario; obstaculizar el apego precoz del niño o niña con su madre sin causa médica justificada o promover fórmulas lácteas en sustitución de la leche materna.

Alehi Balderas cuenta que desde Gire hacen un acompañamiento legal a las personas en caso de que busquen llevar su caso a las autoridades. Lo hacen cuando las instituciones son públicas y en dos vías: la primera es cuando ya existe una urgencia, se requiere la atención y entonces optan por una demanda de amparo.

“Con ello se ha logrado que el juez ordene a la institución de salud que se brinde la atención médica requerida en tanto se determina el fondo y si hubo o no violaciones a derechos humanos, pero por lo mientras se atiende la urgencia”, asegura.

La segunda es cuando los hechos ya sucedieron y es posible presentar quejas por la violación a los derechos humanos ante la CNDH o comisiones locales. “Estas son las vías que se acercan a lo que las personas nos han dicho que necesitan, pero también hay otras formas, ya que algunos estados contemplan esta violencia como un delito”.

La asociación destaca que desde enero de 2010 a julio de 2021 han acompañado a 57 mujeres que pidieron ayuda por violencia obstétrica en centros de salud pública, de los cuales solo 14 casos han obtenido una sentencia o resolución y están en proceso de reparación del daño. El tema también vuelve necesario visibilizar el acceso a la justicia.

En noviembre pasado, Excélsior informó que entre 2010 y 2020 se recibieron 2,497 quejas por hechos relacionados con violencia obstétrica ante la CNDH. A nivel federal las instituciones de salud pública reportaron 7,431 quejas administrativas por el mismo concepto y a nivel local se presentaron 729 quejas.

Algunos códigos penales estatales se han reformado para incluirla como un delito: Veracruz, Guerrero, Chiapas, Estado de México, Quintana Roo, Aguascalientes y Yucatán. En estos casos habría que presentar una denuncia ante las autoridades de justicia.

También es posible presentar quejas administrativas en los hospitales donde ocurrieron los hechos en el Órgano Interno de Control en los Institutos de Seguridad Social o ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed).

Organizaciones y colectivas ofrecen su ayuda a nivel legal para acompañar a las víctimas, a fin de que accedan a justicia por sus casos. También se encargan de dar orientación psicológica por el desgaste emocional y mental que representan.

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