Long Beach, California desaloja campamentos de indigentes tras amenazas del gobernador
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Leonora Lagarda
En la ciudad costera de Long Beach, California, se avecina un cambio palpable en el panorama de la indigencia. La semana del 19 de agosto marca el inicio de la fase ejecutiva de una orden estatal que busca erradicar los campamentos de personas sin hogar de áreas públicas. Esta acción, impulsada por una serie de advertencias por parte del gobernador Gavin Newsom, promete una intervención más agresiva por parte de las autoridades locales para abordar una problemática social compleja y de larga data.
Las palabras de Newsom no son solo palabras. Su orden ejecutiva, emitida en julio, amenaza con retener fondos a las ciudades que no cumplan con las directrices de desmantelamiento. La ciudad de Long Beach, que ha recibido múltiples advertencias, ha comenzado a responder, con un enfoque en los "campamentos problemáticos", aquellos que obstruyen espacios públicos como parques, bibliotecas y playas.
Un aviso en el parque Gubiner, uno de los primeros lugares donde se aplicarán las medidas, indica que a partir del lunes se llevará a cabo una limpieza general. Los residentes del campamento deberán retirar todas sus pertenencias antes de las 7:00 a. m., o corren el riesgo de ser citados e incluso arrestados. Los funcionarios de la ciudad aseguran que se contactará a las personas sin hogar para ofrecerles recursos, pero la opción de rehusar la ayuda podría acarrear consecuencias legales.
El alcalde Rex Richardson ha expresado cautela sobre la aplicación de estas medidas, aclarando que el desalojo se llevará a cabo solo en casos extremos. “Esto solo se aplica en las circunstancias más extremas. En estos casos, los campamentos crónicos en nuestros parques, playas y bibliotecas son una verdadera amenaza para la salud pública o la accesibilidad... Pero seamos muy claros: esta no es una solución para la falta de vivienda”, afirmó Richardson.
Las medidas de Long Beach se enmarcan en un contexto nacional más amplio. Un fallo de la Corte Suprema en junio ha permitido que los condados y ciudades apliquen leyes que restringen el dormir y acampar en espacios públicos, incluso si no hay refugio disponible. La decisión ha abierto un camino para una mayor intervención por parte de las autoridades, lo que ha desatado un debate sobre el balance entre el derecho a la vivienda y la seguridad pública.
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