Crispina Ortiz y Cándido Ramírez, vendedores ambulantes originarios de Puebla, México, enfrentan un desalojo inminente de su vivienda en Highland Park, Los Ángeles, donde han vivido durante 12 años. El nuevo propietario, sobrino del anterior dueño, afirma necesitar la casa para renovarla y alquilarla, sin ofrecer una solución habitacional para la familia. Crispina sostiene que el desalojo se debe a la intención del nuevo propietario de lucrar con la propiedad, no a un impago de renta.
La pareja mantenía una buena relación con el dueño original, quien les permitió vivir ahí a cambio de cuidar la vivienda y pagar la renta. Tras su fallecimiento en 2020, el sobrino asumió el control y dejó de aceptar los pagos en diciembre de 2021, enviando una orden de desalojo. Aunque ganaron un primer juicio en 2022, recibieron un segundo aviso de desalojo en noviembre de 2023, y el 5 de agosto de 2024, un juez ordenó su desalojo.
La familia está apelando la decisión y espera una resolución final el 9 de septiembre. La situación está afectando profundamente la salud mental de la familia, en particular a su hija menor, quien tiene una discapacidad y está preocupada por su futuro. Cándido resalta la presión constante de los desalojos que enfrentan los inquilinos de bajos recursos y el intento de los propietarios de aumentar las rentas al desplazar a estos inquilinos.
En respuesta a su situación, Crispina y Cándido han lanzado una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe para cubrir los gastos de mudanza y encontrar una nueva vivienda. Su historia ilustra los desafíos que enfrentan muchas familias en Estados Unidos debido a la falta de acceso a la justicia, la dificultad para encontrar representación legal adecuada y la discriminación hacia los inquilinos de bajos recursos.