Donde dos ejecutivos de una empresa de servicios de inmigración, 'Gospel Immigration Service, Inc' se enfrentan a cargos por presuntamente orquestar un esquema de falsificación de solicitudes de asilo. Este caso, que ha conmocionado a la comunidad y ha puesto en alerta a las autoridades, ha desenmascarado una inquietante realidad: la explotación de personas vulnerables que buscan un futuro mejor en tierra estadounidense.
Los fiscales, liderados por el Fiscal de los Estados Unidos Ismail J. Ramsey, han acusado a Dongquan "Derek" Jin y Yimin "Kelly" Lu de participar en un fraude a gran escala, involucrando a más de 200 solicitudes de asilo fraudulentas presentadas a los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) entre 2013 y 2024. La acusación describe cómo estos ejecutivos, en lugar de brindar asistencia legítima, se dedicaban a la manipulación de la verdad.
"Jin y Lu no solo ofrecían orientación, sino que estaban activamente involucrados en la preparación de más de 200 solicitudes de asilo fraudulentas."
El modus operandi de Jin y Lu era proporcionar a sus clientes declaraciones personales inventadas, narrativas de persecución ficticias o exageradas con el objetivo de aumentar las posibilidades de aprobación de sus solicitudes. Esta práctica no solo socavaba el proceso legal de asilo, sino que ponía en peligro la credibilidad de los verdaderos solicitantes de asilo.
Para asegurarse de que sus clientes presentaran historias convincentes pero falsas, Jin y Lu los entrenaban para memorizar estas narrativas fabricadas y realizaban entrevistas de práctica para prepararlos para sus interacciones con los funcionarios de USCIS. Estas tácticas, que evidencian un nivel sofisticado de manipulación, reflejan una explotación descarada de individuos vulnerables que navegaban por un sistema de inmigración ya complejo.
"Jin y Lu cobraban a sus clientes tarifas sustanciales, a menudo superiores a $5,000 por sus servicios. Además, presionaban a los clientes para que proporcionaran bonificaciones, conocidas como ‘sobres rojos’, una vez que se aprobaban sus solicitudes de asilo."
El esquema de Jin y Lu no solo vulneraba el proceso legal de asilo, sino que también imponía una carga financiera significativa a sus clientes, quienes pagaban exorbitantes tarifas y se veían obligados a ofrecer bonificaciones por un servicio que, en realidad, no era más que una farsa.
La acusación contra Jin y Lu representa un golpe contundente a la integridad del sistema de inmigración y destaca la necesidad imperiosa de fortalecer la supervisión regulatoria en la industria de servicios de inmigración. Este caso debe servir como un llamado de atención para proteger a las poblaciones vulnerables de la explotación y garantizar que los solicitantes de asilo legítimos reciban el apoyo que necesitan.