La noticia se hizo oficial este jueves, con Trudeau y el ministro de Inmigración, Marc Miller, anunciando que la meta de nuevos residentes permanentes para 2027 se reducirá a 365,000. Esto representa un descenso significativo del 21% respecto a los casi 500,000 que se habían autorizado en años recientes.
El primer ministro Trudeau justificó la decisión argumentando que el país "no logró el equilibrio adecuado" al aumentar la inmigración después de la pandemia, en un intento por suplir la escasez de mano de obra. Sin embargo, la presión social por el impacto en la vivienda y los servicios sociales ha ido en aumento.
Esta medida no es aislada. A principios de año, el gobierno canadiense ya había establecido límites en la cantidad de estudiantes extranjeros y trabajadores temporales que se permitirían en el país. Esto ha generado críticas de instituciones educativas y grupos de derechos de los inmigrantes, quienes consideran que la responsabilidad de los problemas actuales no recae en los extranjeros, sino en las políticas públicas que han infrafinanciado y privatizado los servicios.
Canadá espera que la reducción de inmigrantes detenga el crecimiento demográfico durante los próximos dos años.
El objetivo es brindar a las provincias tiempo para fortalecer sus sistemas de salud y programas de vivienda.
La decisión ha generado controversia, con grupos de defensa de los inmigrantes argumentando que se culpa injustamente a los extranjeros por los problemas del país.
La medida del gobierno canadiense ha generado un debate complejo sobre el papel de la inmigración en el desarrollo de una nación y los desafíos que surgen al enfrentar el rápido crecimiento poblacional. La decisión también representa un cambio significativo en la política migratoria del país, que ha sido tradicionalmente abierta y multicultural.