Fuentes familiarizadas con las conversaciones revelan que la estrategia de Trump se basa en la intensificación de las medidas de control fronterizo y la implementación de políticas similares a las de su anterior administración, con un énfasis en la deportación de migrantes que hayan cometido delitos.
Uno de los puntos clave que se están discutiendo es el destino de los "dreamers", aquellos inmigrantes que fueron traídos a Estados Unidos cuando eran niños. El plan de Trump podría significar una ruptura con el apoyo bipartidista que estos jóvenes han recibido históricamente, a pesar de que muchos están protegidos temporalmente por el programa DACA.
Tom Homan, exdirector del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), podría ser uno de los responsables de la ejecución de la política de deportación. Homan ha minimizado las preocupaciones sobre la detención masiva, asegurando que las acciones serán "selectivas" y "basadas en procesos de investigación".
Brian Hughes, asesor de Trump, ha confirmado que la seguridad fronteriza será una prioridad para el presidente electo, argumentando que su victoria refleja el apoyo popular a sus políticas de deportación masiva.
El plan de deportación enfrenta retos logísticos importantes, especialmente en relación con el espacio de detención. El Gobierno federal depende de contratos con empresas privadas para operar centros de detención, lo que genera una dependencia económica que podría influir en la implementación del plan.
Un factor clave será el financiamiento del programa. El costo de detención, procesamiento y deportación de un inmigrante indocumentado es elevado, y el ICE ha tenido que reprogramar fondos en el pasado para ampliar el espacio de detención.
La administración entrante de Trump necesitará un presupuesto considerable para cumplir con sus objetivos de deportación, y tendrá que lidiar con las limitaciones del personal y las complejidades legales de las deportaciones a diferentes países.
El Departamento de Seguridad Nacional, responsable de la aplicación de la ley de inmigración, se encuentra en estado de alerta ante la inminente implementación de las políticas de Trump. Funcionarios dentro del departamento manifiestan una mezcla de incertidumbre y preocupación, preguntándose qué sucederá con las políticas actuales de la administración Biden.
Mientras los aliados de Trump preparan el terreno para la deportación masiva, la comunidad inmigrante se mantiene expectante, temiendo el impacto que tendrá la llegada del expresidente a la Casa Blanca en sus vidas.