Sandweg, quien conoce de primera mano las complejidades del sistema migratorio estadounidense, destaca que la implementación de tal medida requiere una expansión significativa de los recursos del ICE, algo que implicaría arduas negociaciones y asignaciones de presupuesto en el Congreso.
Además, el retraso en los tribunales de inmigración, sobrecargados de casos, podría complicar la situación. La Corte Suprema ha dictado que los inmigrantes tienen derecho a un debido proceso antes de ser deportados, lo que significa que cualquier intento de deportación a gran escala podría verse retrasado por los tiempos de espera judiciales.
Sandweg enfatiza que la administración Trump aún no ha presentado una estrategia clara para superar estos obstáculos. “Creo que, durante la campaña, no tuvieron una hoja de ruta clara sobre cómo superar estos desafíos”, afirmó.
Esta falta de planificación detallada podría generar frustración entre quienes esperan una acción decisiva, y a su vez, podría generar reacciones adversas tanto a nivel político como social. Adam Kinzinger, exrepresentante republicano de Illinois, crítico de las políticas más extremas de Trump, ha advertido que los votantes que respaldaron al exmandatario podrían sentirse decepcionados si las promesas de deportación masiva no se concretizan.
Kinzinger, quien se ha distanciado del ala más radical de su partido, sugiere que, con el tiempo, los estadounidenses se darán cuenta de la complejidad de los problemas migratorios y las limitaciones de las promesas electorales. “Esto no es para siempre. Después de que Estados Unidos pruebe lo que votó, probablemente habrá una reacción masiva”, aseguró en un mensaje a sus seguidores en X (anteriormente Twitter).
La viabilidad de la promesa de deportación masiva de Trump sigue en entredicho, y la pregunta que surge es si el gobierno podrá superar los obstáculos legales, administrativos y sociales para llevarla a cabo. Mientras tanto, las tensiones en torno a la inmigración continúan marcando el debate político en Estados Unidos, con una creciente preocupación sobre el impacto que estas políticas podrían tener en las comunidades inmigrantes y en el tejido social del país.