La Cámara de Casación Penal argentina ratificó este miércoles una condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para la expresidenta por corrupción. La sentencia, dictada en diciembre de 2022 en la llamada "Causa Vialidad", la culpaba de haber mantenido "vínculos promiscuos y corruptos" con el empresario Lázaro Báez, quien se benefició con medio centenar de contratos millonarios durante su gobierno.
La expresidenta, sin embargo, no se quedó callada. Kirchner calificó el fallo como un acto de "lawfare", un término que describe el uso político de los tribunales para perseguir a opositores. "Tengo muy claro por qué me persiguen", expresó en redes sociales, afirmado que el objetivo final es "la proscripción de por vida".
A pesar de la condena, Kirchner sigue en libertad y continúa activa en la política. El 17 de noviembre próximo asumirá la presidencia del Partido Justicialista, con la intención de "ordenar" a la principal fuerza opositora al gobierno de Javier Milei y presentar batalla en las elecciones legislativas de 2025.
Su plan, sin embargo, enfrenta obstáculos. Gobernadores peronistas no están de acuerdo con el estilo verticalista que Kirchner pretende imponer al partido.
La sentencia de la Cámara de Casación no solo reavivó las tensiones políticas en Argentina, también dejó en evidencia la profunda división dentro del peronismo. La expresidenta busca reordenar la fuerza opositora, pero su objetivo de impedir que Milei sume legisladores en las elecciones de 2025 no será fácil de lograr.