En un contexto de creciente tensión política y social, el presidente electo de Estados Unidos ha decidido tomar medidas drásticas en relación con la migración. Este lunes, anunció su intención de declarar un “estado de emergencia nacional”, lo que le permitiría movilizar al ejército para llevar a cabo deportaciones masivas de migrantes en situación irregular en el país.
La declaración fue realizada a través de un mensaje en la plataforma Truth Social, en respuesta a comentarios de Tom Fitton, director de Judicial Watch, quien sugirió que la nueva administración está dispuesta a utilizar recursos militares para enfrentar lo que él describe como una “invasión permitida por Joe Biden”. Trump, en su respuesta, afirmó: “¡Es verdad!”
Desde su victoria en las elecciones del 5 de noviembre, Trump ha tomado medidas concretas para endurecer su política migratoria, cumpliendo así con su promesa de campaña de realizar deportaciones masivas desde el primer día de su mandato. En abril, ya había mencionado que la Guardia Nacional, un cuerpo militar bajo el mando de los gobernadores estatales, “debería ser capaz” de gestionar las expulsiones de migrantes ilegales. Sin embargo, dejó claro que, si fuera necesario, recurriría a tropas federales para alcanzar sus objetivos.
El presidente electo ha reforzado su equipo de gobierno con figuras conocidas por su postura de mano dura en la política migratoria. Entre ellos se encuentran:
- Tom Homan, nombrado “zar de la frontera”, quien supervisó una política que separó a más de 4,000 niños migrantes de sus familias durante su gestión en ICE.
- Kristi Noem, designada para liderar el Departamento de Seguridad Interior, será responsable de aduanas, fronteras y gestión migratoria.
- Mike Waltz, quien asumirá como asesor de Seguridad Nacional, completará el equipo encargado de implementar las nuevas medidas.
Trump ha justificado estas acciones con declaraciones extremas, acusando a los migrantes de “envenenar la sangre” del país y calificándolos de “asesinos” y “salvajes”. La toma de posesión está programada para el próximo 20 de enero, y su equipo trabaja para establecer las bases de los planes de deportación, asegurando que no haya margen para la dilación.
En medio de este panorama, la comunidad migrante y las organizaciones defensoras de derechos humanos han comenzado a organizar movilizaciones en contra de estas políticas, programadas justo antes de que Trump asuma oficialmente el cargo.