El Concejo Municipal, en una votación unánime, aprobó una ordenanza que prohíbe la colaboración de la Policía local con las autoridades migratorias federales. Esta acción se produce en respuesta a las promesas del presidente electo, Donald Trump, de llevar a cabo deportaciones masivas, lo que ha generado preocupación entre las comunidades migrantes. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, había instado a los concejales a actuar rápidamente, citando las “crecientes amenazas a las comunidades de migrantes” como un motivo urgente para la aprobación de esta medida.
La nueva ordenanza no solo limita la cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), sino que también impide que las agencias federales accedan a las bases de datos de la ciudad. Este enfoque ha sido respaldado por diversas organizaciones civiles que han abogado por la protección de los derechos de los migrantes. Durante una conferencia de prensa, Zeneida Meneses, una migrante nicaragüense, expresó: “Deberíamos poder llamar a la Policía o a los bomberos sin sentir miedo”, enfatizando la necesidad de un entorno seguro para todos los residentes.
La decisión de Los Ángeles se enmarca en un contexto más amplio, donde la administración de Trump ha designado a Tom Homan como “zar de la frontera”, quien tiene la tarea de implementar las políticas de deportación. Homan ha sido crítico de las ‘ciudades santuario’, especialmente de California, que ha defendido su legislación en favor de los migrantes. En el pasado, la administración de Trump había restringido fondos federales a estados que apoyaran estas políticas, lo que ha llevado a un enfrentamiento legal entre el estado y el gobierno federal.
Con esta nueva ordenanza, Los Ángeles se posiciona como un bastión de apoyo para los migrantes, reafirmando su compromiso con la protección de sus comunidades en un momento de incertidumbre y cambio.