Según Eunice Cho, abogada senior del Proyecto Nacional de Prisiones de la ACLU, "hemos escuchado que el presidente electo Trump está planeando detenciones masivas y deportaciones masivas de personas indocumentadas en este país. Y una de las cosas más importantes y partes logísticas del plan para llevar a cabo estas deportaciones masivas es el uso de los centros de detención".
La ACLU argumenta que el cierre de los centros de detención debe enfocarse en aquellas instalaciones donde se han reportado abusos contra migrantes, incluyendo agresión sexual, abuso de la fuerza y otros tipos de abusos. Se estima que el 95% de las muertes en los centros de detención de ICE podrían haber sido evitadas si se hubiera proporcionado la atención médica o de salud mental adecuada.
La experta también destacó que los centros de detención de ICE no cuentan con personal médico capacitado para atender emergencias en salud mental, lo que ha llevado a casos de suministro de medicamentos que terminan matando a una persona o que, por la acción médica deficiente, los reclusos recurren al suicidio.
La ACLU también critica el hecho de que nueve de cada 10 personas detenidas por el ICE están en centros de reclusión propiedad de empresas privadas, las cuales están enfocadas en ganancias. Se estima que estas empresas penitenciarias privadas están programadas para ganar aún más miles de millones de dólares bajo la administración de Trump.
La experta agregó que Biden debe cancelar planes de apertura de prisiones en Kansas, Wyoming, Missouri, estados donde las redadas podrían aumentar, debido a tener mejor capacidad para retener a los inmigrantes.
La ACLU también expresó su preocupación por la posibilidad de que los inmigrantes detenidos por ICE sean enviados a estados distintos a donde residían, si se logra el cierre de prisiones propuesta por la organización. Sin embargo, Cho destacó que "nuestra preocupación es que, en gran medida, el ICE ha diseñado estos centros de detención, ya sea que estén en una jurisdicción local o en instalaciones geográficamente remotas, para que sea increíblemente difícil para las personas mantenerse en contacto con los abogados y sus familias, independientemente de la jurisdicción o la ubicación".
La ACLU también publicó un informe llamado "No Fighting Chance", que documenta las barreras para el acceso a un abogado que se encuentran en los centros de detención de inmigrantes. Se estima que el 20% de las instalaciones no proporcionan información sobre cómo las personas pueden mantenerse en contacto con su abogado.