En Oregón, la Fiscal General demócrata, Ellen Rosenblum, ha tomado una iniciativa proactiva para abordar estas inquietudes. Ante las políticas antiinmigrantes promovidas por el expresidente, ahora electo, Donald Trump, Rosenblum, una figura clave en el panorama político del estado, ha implementado una estrategia innovadora.
La iniciativa se centra en un “Kit de herramientas comunitario Sanctuary Promise”, un recurso bilingüe diseñado para empoderar a los residentes de Oregón. Este kit, elaborado por la Unidad de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de Oregon, proporciona información vital sobre las leyes estatales en materia de inmigración. La propia Rosenblum explicó en un comunicado: “Le pedí a mi Unidad de Derechos Civiles… que hiciera todo lo posible para brindar a las personas, empresas y gobiernos locales de nuestro estado materiales fáciles de leer para ayudarlos a conocer sus derechos y educar a otros”.
Esta acción se enmarca dentro de la ley HB 2314, aprobada en 1987, que convirtió a Oregón en el primer estado “santuario” para inmigrantes. Esta ley, impulsada por el representante Rocky Barilla en respuesta a las redadas del INS, busca proteger a los residentes del estado de las posibles acciones de deportación. La propuesta de implementar redadas masivas y deportaciones a gran escala por parte de Trump representa una amenaza directa a este estatus.
El “Kit de herramientas” no solo provee información legal, sino que también pretende educar a la población. Su objetivo es facilitar el entendimiento de los derechos y responsabilidades de los residentes de Oregon en relación a las leyes de inmigración, y proporcionar una herramienta accesible para hacer frente a posibles violaciones a la ley santuario. Además de este recurso, Oregón cuenta con una línea directa estatal para denunciar cualquier violación a dicha ley.
La creación de este kit representa un esfuerzo significativo por parte de las autoridades de Oregón para asegurar la protección de sus residentes inmigrantes. La iniciativa refleja el compromiso del estado con el cumplimiento de sus leyes de inmigración y la defensa de los derechos humanos.