El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ante el incremento de arrestos fronterizos a finales de 2023 –alrededor de un cuarto de millón según la Patrulla Fronteriza– intensificó los esfuerzos para controlar el flujo migratorio. Esto implicó un mayor despliegue de seguridad en la frontera sur de México, con resultados visibles en una reducción significativa de arrestos entre enero y agosto.
Paralelamente, la administración Biden, enfrentando las críticas de Donald Trump, implementó medidas restrictivas al asilo. Estas incluían la suspensión de solicitudes de asilo si las detenciones diarias superaban los 2,500, un umbral que luego se redujo a 1,500 para su levantamiento. Según el Migration Policy Institute (MPI), estas acciones contribuyeron a la disminución de detenciones entre junio y septiembre.
La campaña electoral se convirtió en un campo de batalla retórica, con Trump utilizando la frontera para atacar a la administración Biden y Kamala Harris defendiendo las medidas implementadas. Las visitas de ambos candidatos a la frontera reforzaron la importancia del tema en la contienda.
El cierre del año fiscal 2024 mostró una reducción en los arrestos fronterizos, con septiembre marcando el mínimo en cuatro años, alcanzando niveles similares a los de septiembre de 2020. Sin embargo, la victoria de Trump presagia un cambio significativo de rumbo.
La promesa de Trump de deportaciones masivas y la reactivación del programa "Quédate en México" genera incertidumbre y preocupación en México, especialmente ante la posibilidad de que se le obligue a aceptar deportaciones de otras nacionalidades. El gobierno de Claudia Sheinbaum ya ha manifestado su rechazo a esta posibilidad.
Mientras tanto, el incremento de las “caravanas” migratorias, aunque frenadas por las autoridades mexicanas, pone de manifiesto la persistencia del flujo migratorio hacia el norte. La cifra de más de 270,000 deportaciones en el año fiscal 2024 por parte del ICE, la más alta en una década, refleja la magnitud del desafío.
El reporte del ICE destaca que México fue el destino más común para las deportaciones, seguido de Guatemala y Honduras, una realidad que seguramente continuará influenciando la dinámica de la región en los próximos años.