En el centro de esta situación se encuentra la Ley de Transparencia Corporativa (Corporate Transparency Act), una iniciativa que busca fortalecer la lucha contra el financiamiento ilícito. Esta ley, implementada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, exige a un gran número de empresas el reporte de su "Información sobre la Propiedad Beneficiaria" (BOI).
Inicialmente, la fecha límite para la presentación de este reporte era el 1 de enero de 2025. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado. "Un tribunal federal en Texas emitió una orden judicial preliminar el 3 de diciembre, bloqueando temporalmente la aplicación de la regla," recuerda un reporte. Esta medida legal, aunque posteriormente revocada por el 5º Circuito de la Corte de Apelaciones, generó un efecto dominó.
Como consecuencia de este proceso legal, el Departamento del Tesoro anunció una extensión del plazo hasta el 13 de enero de 2025, otorgando dos semanas adicionales para el cumplimiento. Esta decisión se basa en el reconocimiento de que las empresas necesitaban tiempo adicional para adaptarse a la normativa, tras el periodo de incertidumbre generado por la orden judicial.
La magnitud de esta ley es considerable. Se estima que afecta a aproximadamente 32.6 millones de empresas en los EE.UU., incluyendo corporaciones y sociedades de responsabilidad limitada. El incumplimiento conlleva sanciones significativas, que van desde multas civiles diarias de hasta $591 (ajustadas por inflación) hasta multas penales de $10,000 y dos años de prisión.
Sin embargo, existen excepciones para ciertas empresas, principalmente las que superan los $5 millones en ventas anuales o tienen más de 20 empleados a tiempo completo. Hasta el 1 de diciembre, solo se habían recibido alrededor de 9.5 millones de reportes, una cifra significativamente inferior a la esperada, según la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN).
A pesar de las sanciones, expertos como Daniel Stipano, socio del bufete Davis Polk & Wardwell, consideran "poco probable" la imposición de multas económicas, excepto en casos de violaciones intencionales. FinCEN ha priorizado la educación sobre la aplicación de sanciones en esta etapa inicial. El reporte BOI no es anual, solo se actualiza ante cambios.
La situación continúa en evolución, con la posibilidad de nuevos desarrollos legales que podrían modificar el alcance y la aplicación de la Ley de Transparencia Corporativa.