En el centro de la discusión se encuentra la Climate Superfund Act, una iniciativa que impone un pago anual de $75,000 millones de dólares a compañías de combustibles fósiles por su contribución al cambio climático. Entre las empresas afectadas se encuentran gigantes como Exxon, Chevron, Shell y BP, junto a Pemex, Lukoil y otras multinacionales del sector energético a nivel global.
La ley, impulsada por la gobernadora Kathy Hochul y los senadores Liz Krueger y Jeffrey Dinowitz, busca financiar proyectos de resiliencia ante los efectos del cambio climático, tales como la protección costera y la mitigación de inundaciones. “Este proyecto de ley permitiría al estado recuperar $75 mil millones de los principales contaminadores,” declaró Hochul, justificando la medida por los impactos de las tormentas extremas en el estado. El cálculo de las cuotas se basa en la cantidad de gases de efecto invernadero emitidos por cada empresa entre 2000 y 2020; por ejemplo, Saudi Aramco podría pagar hasta $640 millones anuales, mientras que Pemex enfrentaría una cuota cercana a los $193 millones.
Sin embargo, la ley no ha estado exenta de críticas. La oposición, que incluye al Consejo Empresarial del estado de Nueva York, argumenta que la “legislación es una mala política pública que plantea importantes cuestiones de implementación y preocupaciones constitucionales”. Se teme un aumento en los precios de la gasolina y otros combustibles para los consumidores neoyorquinos, añadiendo que la medida es inviable y probablemente será impugnada legalmente. Su preocupación se agrava por la coincidencia con otras medidas que impactan el costo de los combustibles fósiles en la ciudad.
La lista de empresas afectadas es extensa e incluye:
- Exxon
- Chevron
- Shell
- BP
- Pemex
- Lukoil
- Total Energies IES
- Petrobras
- BHP
- Glencore
- Equinor
- ENI
- Saudi Aramco
El impacto a largo plazo de esta ley en la economía de Nueva York, y en la industria de los combustibles fósiles a nivel global, aún está por verse.