Trump y el plan de modificar la ciudadanía por nacimiento: ¿Orden ejecutiva o larga batalla legal?
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Nicol Matuz ScottEl equipo del presidente electo, Donald Trump, está explorando diversas estrategias para cumplir una promesa clave de su campaña: modificar la interpretación de la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos. Fuentes cercanas a las discusiones internas revelan que se están considerando diferentes vías, incluyendo la posibilidad de una orden ejecutiva.
Entre las opciones que se barajan, destacan acciones como instruir al Departamento de Estado a que restrinja la emisión de pasaportes a menores con padres indocumentados, o bien, incrementar los requisitos para visas de turismo, con el objetivo declarado de frenar el llamado "turismo de nacimiento". “Vamos a tener que cambiarla… tenemos que terminarla. Somos el único país que la tiene”, declaró Trump a la periodista Kristen Welker de NBC, en una declaración que ha generado controversia.
Estas acciones, sin embargo, anticipan una inevitable batalla legal. Se espera que cualquier intento de modificar la actual legislación sea fuertemente impugnado en los tribunales, con un final probable en la Suprema Corte. “Hay que iniciar la batalla legal con algo”, comenta una fuente anónima a CNN, reflejo de la preparación para un largo proceso judicial.
El argumento central de los aliados de Trump se basa en una reinterpretación de la Enmienda 14, afirmando que esta no se aplica a niños nacidos en Estados Unidos de padres indocumentados. Argumentan que estos menores no están "sujetos a la jurisdicción" del país. Esta postura contrasta con la práctica en alrededor de tres docenas de países, incluyendo Canadá y México, que otorgan ciudadanía automática a quienes nacen en su territorio.
El contexto numérico es relevante: según el Pew Research Center, alrededor de 4.4 millones de niños menores de 18 años nacidos en Estados Unidos viven con al menos un padre indocumentado. Este dato resalta la magnitud potencial del impacto de cualquier cambio legislativo.
Mientras tanto, organizaciones como la ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles) se preparan para presentar demandas legales en caso de que se implementen medidas que afecten el derecho a la ciudadanía por nacimiento. “Esperamos presentar una demanda, y otros también lo harán,” afirma Cody Wofsy, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU. Fiscales generales demócratas también se han pronunciado, expresando su intención de enfrentarse legalmente a cualquier intento de revocar el derecho a la ciudadanía por nacimiento.
El debate involucra la interpretación de la Enmienda 14 y precedentes legales de la Suprema Corte que datan de 1898 y 1982. Expertos legales, como Hiroshi Motomura de la UCLA, analizan las implicaciones de una posible revocación del precedente de 1898, calificándola de "bastante diferente" y "mucho más radical" que otras decisiones recientes de la Corte Suprema.
La situación, con sus implicaciones constitucionales y sociales, permanece en un estado de desarrollo, con la expectativa de un largo proceso legal que definirá el futuro de la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos.
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